El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, abordó el conflicto entre la Convención Constitucional y el Poder Judicial, a raíz de la propuesta que busca limitar la duración de los jueces en sus cargos; en ese sentido, el secretario de Estado afirmó que la Corte Suprema debiese ser oída por el órgano constituyente.
Durante los últimos días, la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención aprobó en general una propuesta que busca reducir el periodo en el cargo de los magistrados, esto es entre 10 a 15 años para los supremos y de ocho años para los ministros de corte y de tribunales inferiores. Actualmente, los jueces hacen carrera al interior del Poder Judicial y el límite para permanecer en sus cargos es cuando cumplen 75 años, que es cuando deben pasar a retiro.
“Esto es un comentario más bien personal, porque no queremos entrometernos en materia que no nos competen. Pero nosotros creemos que la idea de la Convención es redactar una Constitución que sea la casa de todos, debiese ser oír a todas las instituciones y, en ese sentido, respaldamos que la Corte Suprema debiese ser oída”, sostuvo el secretario de Estado a Radio Cooperativa sobre la disputa.
El pasado 25 de enero los ministros del Máximo Tribunal abordaron en un Pleno la propuesta que avanza en la Convención. Tras dicho encuentro, realizaron una vocería, a cargo de la ministra Ángela Vivanco, donde defendieron su independencia y el principio de inamovilidad de los magistrados. Además, el acta de dicho encuentro fue enviada a los 155 convencionales, lo que generó la molestia entre los integrantes de la Comisión de Sistemas de Justicia, quienes criticaron duramente la misiva.
Justamente sobre este tema esta, la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros abordó el conflicto entre ambas instituciones. “No creo que esté en riesgo, todos los poderes del Estado han reafirmado la autonomía de esta Convención Constituyente. Así como nosotros respetamos la autonomía también de los demás poderes”, indicó este miércoles.
Por otra parte, el secretario de Estado abordó la tramitación del proyecto de indulto o amnistía que se discute en el Congreso. Ayer la Comisión de Constitución del Senado acordó el “catálogo de delitos” que serán parte de la iniciativa, descartando incluir el homicidio frustrado y el maltrato a las policías.
Se espera que el proyecto sea despachado de la Comisión esta semana a sala, donde, sin embargo, no habría acuerdo para ser visto. Por lo que su tramitación quedaría pendiente para marzo.
“Nosotros no participamos en la tramitación del proyecto de Amnistía a los presos del estallido porque estamos en contra de principio a fin respecto a esa iniciativa. Creemos que el tiempo legislativo que se va a seguir utilizando en este indulto o amnistía camuflada, se debió haber aprovechado en otras materias”, indicó Ossa.
En ese sentido, agregó que “nosotros consideramos que en Chile se sobre abusa de la prisión preventiva, pero eso no quiere decir que, a propósito del estallido social, se tengan que levantar prisiones preventivas decretadas por los tribunales. Hay que dejar de abusar de la prisión preventiva en general, en todos los delitos”.
Para concluir que “no es procedente un indulto a delincuentes, a personas que han cometido graves delitos contra los chilenos, la propiedad, los bienes de uso público y haremos uso de todas las herramientas constitucionales”.
En tanto, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, afirmó que “la prisión preventiva en Chile se aplica mal, aquí no hay presunción”.
PRESIDENTE DE LA CC: «NO HAY RIESGO PARA AUTONOMÍA»
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María Elisa Quinteros, presidenta del órgano constituyente abordó la mañana de este miércoles la polémica con el Poder Judicial, que el Pleno de la Corte Suprema elaborara un documento con sus reflexiones “respecto de la independencia judicial de las juezas y los jueces, que se podría ver afectada en atención a la temporalidad de sus cargos”, que fue enviado a la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional y a cada uno de los 155 convencionales.
El comunicado del máximo tribunal hizo escalar el enfrentamiento con los convencionales por la propuesta que busca limitar el periodo que los jueces permanecen en el cargo y fue duramente criticado por integrantes de la comisión. “Esta es una intromisión indebida y consideramos que es preocupante”, comentó la constituyente de Movimientos Sociales Manuela Royo. Por su parte, el convencional Mauricio Daza señaló ayer que “un órgano del poder constituido se reúna para cuestionar institucionalmente una propuesta de norma constitucional que está en pleno debate ante la Convención Constitucional, ordenando remitir copia a todos los jueces del país, es un acto ilegal y un grosero atentado a nuestra autonomía”.
Frente a ello, María Elisa Quinteros fue consultada de si la acción del Poder Judicial dañaba o ponía en riesgo la autonomía del órgano constituyente.
“No creo que esté en riesgo, todos los poderes del Estado han reafirmado la autonomía de esta Convención Constituyente. Así como nosotros respetamos la autonomía también de los demás poderes”, respondió tras firmar junto al ministro de Justicia, Hernán Larraín, un convenio para permitir la participación de personas privadas de libertad en el proceso de redacción de una nueva Carta Magna.
Quinteros dijo que “desde la Presidencia (de la Convención Constitucional) nos parece positivo que cualquier actor de la sociedad presente su moción, pueda dar insumos a las distintas comisiones, al igual que lo hacen todas las personas en este país, valoramos y respetamos la autonomía de los poderes y por supuesto esta Convención es autónoma y se van a dar los proceso de conversación ”.
CORTE SUPREMA
Este miércoles, la ministra de la tercera sala de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió nuevamente a la propuesta, aprobada en general por la Convención Constitucional, que busca reducir la duración de los jueces: entre 10 a 15 años para los supremos y de ocho años para los ministros de corte y de tribunales inferiores.
Actualmente, los jueces terminan sus funciones en el Poder Judicial cuando llegan a los 75 años.
La norma generó molestia en los supremos y el martes escaló la tensión luego de que el pleno saliera a criticar la iniciativa. La vocería ese día, de hecho, quedó en manos de Vivanco. Además, los magistrados enviaron un correo de los 155 convencionales orientado a defender la independencia de los jueces y el principio de inamovilidad de los magistrados.
En respuesta, cinco constituyentes salieron esa misma jornada a criticar en duros términos la reacción de los magistrados, acusando que ha sido “uno de los peores ataques” a la autonomía del órgano.
Esta mañana, en radio Duna, la ministra aseguró al respecto que con esto “no se quiere mantener ni crear ningún tipo de privilegio” y también dijo que no hay una “intromisión”.
“Lo que se quiere aquí, por el contrario, es privilegiar los derechos de las personas, que muchos problemas se terminan resolviéndose en los tribunales en nuestro país”, sostuvo. “En consecuencia, las personas que van a los tribunales que son especialmente vulnerables necesitan que sus jueces estén preocupados de la administración de justicia, no de qué es lo que les va a pasar en dos o tres años”, agregó.
La principal razón de esta alerta, según Vivanco, tiene relación con que “exista esta necesidad de estar re postulándose por parte de los jueces frente a cualquier organismo que sea cualquier sistema de designación porque eso en el fondo hace que el juez tenga que volverse hacia sí mismo, y preocuparse de qué es lo que está fallando en relación a su futuro y no preocuparse en relación a su deber”.
“Que los jueces, su concentración de atención y responsabilidad estén en sus causas, no de caerle bien o mal a nadie, que haya controles de que su conducta ministerial sea la adecuada, pero no controles de otras especies, que impliquen que yo esté en mejor o peor posición para ser reelecto y por otro lado que se reconozca que el sistema judicial está integrado por personas que dedican su vida a justamente al sistema judicial”, añadió la ministra.
Sobre el rol que ha tomado la Corte Suprema en este proceso de redacción constitucional, Vivanco -quien forma parte de la comisión de constitución en la Corte Suprema- dijo que “como comisión no hemos sido invitados. Sí hemos tenido contacto con algunos convencionales y les hemos entregado algún material de apoyo, pero como lo decíamos ayer, estamos plenamente disponibles para poder conversar con los miembros de la comisión o cualquier miembro de la convención justamente para dar este apoyo que no es una intromisión, sino que consideramos que es nuestro deber también poder colaborar en esta materia”.
Sobre por qué no se han dado la oportunidad de un encuentro entre ambos órganos aseguró: “Creo que ha habido falta de tiempo, que se ha tenido que apurar mucho el tema dado los plazos muy ajustados que tiene la Convención. En consecuencia, creo que no hay ningún tipo de ánimo, sino sencillamente que ha habido poco tiempo”.
ATRIA: «UNA MALA IDEA LIMITAR DURACIÓN DE JUECES»
El convencional del Frente Amplio, Fernando Atria, calificó de una “mala idea” la propuesta de limitar la duración de los jueces en el Poder Judicial.
Recordemos que un grupo de convencionales propuso limitar la duración de los jueces, tanto de la Corte Suprema, como también de la Corte de Apelaciones y de primera instancia.
La idea causó controversia, especialmente luego que la Corte Suprema se sumara al debate a través de una declaración donde mostró su molestia y preocupación por la iniciativa.
Al respecto, en entrevista con el programa Última Mirada de CNN Chile, Atria se mostró en desacuerdo con la propuesta de limitar las magistraturas.
“Creo que es una mala idea, creo que afecta la independencia judicial porque afecta la inamovilidad”, señaló.
“Pero bueno, es parte de la discusión constituyente, o sea, hay muchas otras malas ideas que han sido propuestas por otros convencionales y parte de lo que está haciendo la Convención, es discutirlas”, señaló.
“No debería ser una sorpresa que surgieran ideas que a uno le parecen inadecuadas. Yo creo que es una mala idea”, insistió.
En ese sentido, valoró la propuesta de crear un Consejo de la Magistratura para la designación de los jueces.
No obstante, ayer se sumó a las críticas por la intervención del máximo tribunal del país en este tema.
“Que la Corte Suprema tome un acuerdo de pleno, opinando sobre esto, y que después una ministra de la Corte Suprema vocera explique esta decisión. Esa es la contrapartida de la posición protegida que tienen los jueces”, sostuvo.
“No pueden opinar de lo que hacen otros poderes públicos, que por lo demás es una prohibición expresa contenida en el Código Orgánico de Tribunales”, sentenció. (La Tercera-Duna-Bio Bio-CNN Chile)
