La pregunta sobre los derechos sociales envuelve un asunto de fondo y un asunto de dogmática constitucional.
Respecto del fondo, se refiere a la forma como la institucionalidad asegura condiciones mínimas de dignidad, de manera que el ejercicio de la libertad sea una realidad y no una mera declaración de principios. En una democracia los llamados a deliberar dichas condiciones atendiendo a las muchas demandas sociales, la escasez de recursos públicos y la necesaria progresión de las garantías, son los poderes políticos; a saber, el Poder Legislativo, que a su vez determina el marco de acción de la administración. Solo así se hace eco del carácter colectivo de estos derechos.
Respecto de la dogmática constitucional, el profesor Squella postula que la regulación constitucional se haga mediante derechos subjetivos. Pues bien, ¿quién fija el alcance y contenido de dichos derechos? ¿Será el Poder Judicial, mediante la ponderación de casos particulares? ¿O debiese ser la política, a propósito de lo que decíamos más arriba? La fórmula de los derechos individuales debe reemplazarse por la de metas constitucionales solidarias, donde al Estado (dígase, el Poder Legislativo) se le imponga el deber de dictar las normas y, por su intermedio, ejecutar las políticas necesarias para garantizar progresivamente condiciones mínimas de dignidad. Este desafío debe materializarse en un formato de cooperación solidaria con la sociedad civil en lo que sea pertinente. Asimismo, los ciudadanos deben tener herramientas para reclamar en caso de una negligencia inexcusable en el cumplimiento de dicho deber constitucional.
Con la fórmula que proponemos se evitan dos errores clásicos. Primero, el negar los derechos sociales. Y el segundo, subjetivizar los derechos sociales. Me parece además que no es necesario refundar nuestra Constitución para este anhelo: bastaría introducir reformas que modernicen con eficacia y prontitud el texto actual. (El Mercurio Cartas)
Diego Schalper Sepúlveda
Doctor en Derecho, U. Marburg (Alemania)
Diputado RN
