Días antes de que comenzara el receso legislativo de febrero, la bancada de diputados del Frente Amplio dio un ultimátum al ministro del Interior, Gonzalo Blumel: si no removía de su cargo al general director de Carabineros, Mario Rozas, antes de marzo, el sector presentaría una acusación constitucional en su contra.
La advertencia al secretario de Estado se dio un día después de que un hincha de Colo Colo falleciera tras ser atropellado por un camión de Carabineros en las afueras del Estadio Monumental, y una semana antes de que el Senado desestimara la acción presentada en contra del intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara (RN).
Cumplido el plazo, los diputados de Revolución Democrática se reunieron este lunes en la sede del Congreso en Santiago, donde decidieron iniciar la recolección de las 10 firmas que requieren para viabilizar la ofensiva en contra del jefe de gabinete. Asimismo, desde la bancada aseguraron que ya están trabajando en el sustento jurídico e, incluso, en la redacción de un texto preliminar.
“El ministro Blumel escogió blindar al general Rozas tras cuatro informes internacionales sobre las violaciones a los derechos humanos en Chile. Nuestra responsabilidad ahora es conseguir los apoyos para que estas acciones no sigan ocurriendo y no queden impunes”, afirmó a La Tercera el jefe de bancada de RD, Giorgio Jackson.
En ese sentido, con el fin de recopilar más antecedentes, los parlamentarios definieron que, junto con retomar las conversaciones con el resto de las bancadas del sector, comenzarían a reunirse con víctimas de vulneraciones a los DD.HH. en el marco del estallido social.
Sin embargo, la decisión de los frenteamplistas generó dudas en algunas bancadas de la centroizquierda. “Sin haberlo conversado aún, no creo que la bancada socialista esté en disposición de concurrir a una acusación constitucional contra Blumel. Creo eso porque si lo de Guevara no fue posible de aprobar, lo de Blumel parece más difícil”, sostuvo el jefe de los diputados del PS, Manuel Monsalve.
Y agregó: “Una acusación constitucional contra Blumel hoy sería testimonial, no es una herramienta que contribuya, en el contexto actual, a detener las prácticas de violaciones de DD.HH. por parte de Carabineros”.
Por su parte, el jefe de bancada del PPD, Ricardo Celis, sostuvo que si bien aún no ha conversado con sus pares frenteamplistas, cree que como sector “nos debemos cuidar de hacer actos testimoniales”. Mientras, en la DC aún no han abordado el asunto.
El Frente Amplio discutirá el tema este martes en la reunión de coordinación del bloque, donde afinarán su estrategia para convencer a sus pares del sector y evitar una nueva derrota.
Con todo, en el bloque aseguran que hay mérito suficiente para llevar adelante la acción. De hecho, según señaló el diputado de RD Jorge Brito, en enero el ministro Blumel habría transgredido “la Constitución y las leyes, en el Artículo 5°, que dice relación con los derechos fundamentales de la ciudadanía”, lo que permitiría darle sustento al libelo.
En ese sentido, la diputada y presidenta de Convergencia Social, Gael Yeomans, manifestó que espera que el resto de la oposición se pliegue a la ofensiva y subrayó que “nosotros hemos visto irresponsabilidad por parte del Ministerio del Interior, esperábamos que hubiera un cambio de actitud y por eso también dijimos que esperábamos que en marzo sacaran al general Rozas, pero eso no sucedió”.
La activación de la acusación contra el ministro Blumel se da justamente cuando al interior del propio oficialismo han surgido críticas respecto de su gestión y su capacidad para garantizar el orden público.
“El gobierno, a través del Ministro del Interior, debe dar un giro en su manejo del orden público. Hay que respaldar con más fuerza a Carabineros, aplicar toda la nueva normativa legal, especialmente la ley antibarricadas, y monitorear directamente todos las situaciones complejas”, sostuvo el senador Andrés Allamand (RN), en entrevista en La Segunda, exteriorizando un reparo que comparten, en privado, distintos sectores de Chile Vamos.
Pese a eso, el jefe de gabinete detalló en el comité político ampliado el “Plan marzo 2020” que activará el gobierno para reforzar el control del orden público en las próximas semanas, lo que fue valorado por otros actores de su sector.
«Yo soy el ministro del Interior y Seguridad Pública. En consecuencia tengo responsabilidad directa, política, sobre el orden público, la seguridad y ese es mi deber, esa es la responsabilidad que me encomendó el Presidente de la República y esa es la tarea que venimos haciendo hace cuatro meses», expresó.
Según dijo, «los últimos cuatro meses hemos tenido una disminución de los eventos graves de orden público, de hecho es el principal desafío en materia de seguridad ciudadana».
«Cuando me toco asumir, en octubre teníamos al menos 100 eventos graves por día, los eventos graves de acuerdo a carabineros son saqueos, incendios, ataques a cuarteles policiales; en noviembre pasamos de 100 a aproximadamente 40 eventos graves por día; en diciembre fueron 3 o 4 por día; en enero, 3; en febrero un poco menos», expresó.
Pese a estas cifras, manifestó a la emisora que «obviamente aún la situación está lejos de ser ser lo que el Gobierno aspira y por cierto de lo que los ciudadanos merecen. En ese sentido nuestro compromiso es hacer los máximos esfuerzos para recuperar el orden público, hemos trabajado intensamente durante el verano».
BLUMEL SOBRE ACUSACIÓN: «NO CONTRIBUYE»
“Ese es el ejemplo de acciones que no contribuyen a avanzar en la recuperación al orden publico y la paz social”, dijo este martes el titular del Interior, en conversación con Radio Agricultura.
Además, Blumel fue consultado por las palabras que emitió el jefe de bancada de RD, Giorgio Jackson, a La Tercera, donde aseguró que «el ministro escogió blindar al general Rozas tras cuatro informes internacionales sobre las violaciones a los derechos humanos en Chile”.
Frente a esto, el secretario de Estado respondió: “Quizás el diputado Jackson desconoce lo que hemos hecho. Nosotros estamos avanzando en hacernos cargo de todas esas recomendaciones (de los informes internacionales), de hacer reformas para fortalecer y modernizar».
Agregando que «hemos buscado restablecer el orden público con respeto a los derechos humanos” y reiteró que estas acciones “desvían la atención y el esfuerzo”.
A. MAYOL: «ACUSACIÓN ES UNA TONTERÍA»
El sociólogo Alberto Mayol consideró «una tontería» la decisión de Revolución Democrática de acusar constitucionalmente al ministro del Interior, Gonzalo Blumel.
Si bien opinó que «fundamentos para acusaciones constitucionales los tienen muchos ministros», apuntó que en este caso «no tiene sentido» y que, al parecer, acá «pesan más ciertas visiones dentro de RD de que su gran enemigo histórico para el futuro será Evópoli -partido en el que milita Blumel-, obsesiones casi personales».
El académico y ex precandidato presidencial del Frente Amplio participó este martes en El Primer Café de Cooperativa.
CONVERGENCIA PROGRESISTA: «PRIORIDAD ES EL APRUEBO»
Los presidentes de los partidos de Convergencia Progresista aseguraron este martes que la prioridad de sus partidos no está en presentar una acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, como están planteando desde RD, sino en lograr el éxito del Apruebo con miras al plebiscito del 26 de abril.
Tras sostener una reunión de coordinación en la sede del PPD, el líder de ese partido, Heraldo Muñoz, comentó que «habrá que evaluar una acusación constitucional, pero para nosotros la prioridad hoy día no son las acusaciones constitucionales, sino que movilizar a la ciudadanía sin odio y sin violencia a votar por el el Apruebo el 26 de abril, porque tenemos muy pocas semanas que restan para el plebiscito».
«Ojalá no confundamos las prioridades, pero bueno, cada acusación constitucional se evalúa en sus méritos y habrá que conversar. Los parlamentarios tendrán que conversar sobre la materia y esperamos que se tome la decisión adecuada a la mayoría ciudadana y a las prioridades del momento», indicó.
En tanto, en la misma línea, su par del PR, Carlos Maldonado, sostuvo que «esa es una facultad de los parlamentarios, así que ellos la tendrán que ver en su merito. Lo que es claro es que en este momento las prioridades del país, por lo menos a lo que nosotros como Convergencia Progresista y como oposición podemos abocarnos, es a promover la opción Apruebo».
No obstante, el líder radical criticó la gestión de Blumel, asegurando que «hay cargos dónde la experiencia es valiosa, es útil y ayuda a entender mejor la dimensión de los problemas y tal vez a enfrentar con más decisión las dificultades. Creo que hay una dimensión política de la cartera de Interior, donde según todas las afirmaciones el ministro Blumel, por su cercanía con el Presidente estaría especialmente habilitado para ejercerla».
«Pero hay también una dimensión de orden público, yo no voy a decir quién es la persona adecuada para cada cargo, pero creo que el gobierno completo en este momento está mostrando falta de capacidad, de entender la crisis y ofrecer soluciones concretas, en lo político, en lo social, el orden público y garantizar el resguardo de los derechos humanos», afirmó.
Mientras, el timonel del PS, Álvaro Elizalde, señaló que «yo no me voy a pronunciar sobre la acusación constitucional, porque como senador en caso de que está prospere en la Cámara, el Senado tiene que actuar como jurado. Por tanto, no puedo anticipar juicios, además las acusaciones se analizan en su mérito, caso a caso».
Sin embargo, subrayó que «si quiero señalar con toda claridad que a mí entender hay un problema de fondo, y que es que el Presidente no dimensiona lo que ha pasado en Chile. Si ustedes ven la entrevista que dio el domingo, repitió lo mismo que dijo a los pocos días de que se iniciarán las movilizaciones en octubre, no hubo ningún cambio«. (La Tercera-Agricultura-Cooperativa-Emol)
