Es necesario reconocer que la demanda por una mayor participación de la sociedad civil en la determinación de los asuntos públicos ha ido adquiriendo importancia y legitimidad; sin embargo, hay que reconocer también que esa tendencia plantea problemas políticos y dificultades prácticas que hay que tener en cuenta.
Entendemos por sociedad civil a la red de organizaciones voluntarias que las personas crean para perseguir variados fines —morales, religiosos, de representación de intereses— y que se ubican en un lugar intermedio entre el Estado y las estructuras económicas y familiares; intereses que pueden ser muy respetables, pero particulares.
En este sentido, ella es distinta de los partidos políticos que, en cambio, recogiendo los intereses parciales y contrapuestos deben procurar armonizarlos en proyectos nacionales. Algunos, erróneamente, pretenden plantear que hay un antagonismo entre sociedad civil y los partidos. Aun asumiendo que la relación entre sociedad civil y partidos no ha sido fácil, es necesario reconocer que no son entes antagónicos, sino realidades diferentes que cumplen funciones complementarias en el sistema político.
Pero el trato con la sociedad civil plantea problemas prácticos. El más obvio es que mientras el número de partidos es pequeño y está registrado al punto que en Chile podemos decir con absoluta claridad que son veinte legalmente constituidos, la sociedad civil está compuesta de miles de organizaciones.
Mientras los partidos están sometidos a normas que les son comunes, las organizaciones de la sociedad civil son de una inmensa variedad: sindicatos, gremios patronales, juntas de vecinos, iglesias, clubes, fundaciones, corporaciones, “thinktanks”, colegios profesionales, etc. Algunas son auténticamente democráticas y otras son asociaciones voluntarias que generan sus autoridades acorde con otros cánones, de modo que es frecuente que los gobiernos corporativos de algunas de ellas lleven décadas bajo la presidencia de una misma persona. Algunas son transparentes, otras viven en la mayor opacidad. Y, preciso es decirlo, hay algunas que son simples organizaciones de fachada dependientes de partidos políticos.
Si el legislador hubiera querido imponer la participación de la sociedad civil en la franja, debería haberse hecho cargo de la complejidad del problema y establecer parámetros para llevarla a cabo.
¿Cuántas y cuáles eran las ONG que debían participar de la franja? ¿Con qué criterio se iban a elegir y por quién? ¿Iba el CNTV a resolver cuántos minutos se le iban a dar a la CUT, que preside Bárbara Figueroa; cuántos a la Central de Trabajadores de Chile, que dirige Arturo Martínez; cuántos a la Central Autónoma de Trabajadores? ¿Cuántos minutos a juntas de vecinos y dónde y bajo qué criterios se les ubica en el “Rechazo” o el “Apruebo”? ¿Cuántos segundos al Movilh y cuántos a la Fundación Iguales? ¿Cuántos a la FECh, la FEUC y los 60 centros de alumnos que existen en universidades? ¿Cuántos a la Sofofa, la CPC, la Conapyme y a los dueños de camiones? ¿Cuántos minutos a los evangélicos del pastor Durán y cuántos a sus opuestos? ¿Cuántos a la masonería y a la Iglesia Católica? ¿Cuántos a los “thinktanks”? ¿Cuántos a “No+AFP” y cuántos a la Asociación Nacional de AFP?
Por supuesto no faltan quienes quieren reclamar para sí la representación de la sociedad civil. Esa es una pretensión inaceptable y una política democrática debe estar prevenida en contra de la impostura de grupos que pretendan hablar y negociar en nombre de “la clase”, “el pueblo”, “el movimiento”, “la patria”, “la sociedad civil”, “la Plaza Italia” y, en tal carácter, intentar suplantar a instituciones y a los demás grupos de la sociedad civil.
No obstante estas dificultades, el CNTV ha logrado una participación interesante de la sociedad civil en la franja de este plebiscito de entrada. La primera es la incorporación de organizaciones de la sociedad civil en los comandos que se creen. Cada comando buscará colaborar e integrar a las organizaciones que le sean más afines. La segunda es el compromiso de los comandos de que, de los tiempos que se les asignen, destinarán un tiempo significativo a la representación de organizaciones de la sociedad civil, sus mensajes y objetivos. (El Mercurio)
Genaro Arriagada
