El 3 de julio la Fiscalía de Iquique condenó a Fernando Santos Reyes por los delitos de lesiones menos graves en contra del ex senador Fulvio Rossi, dando fin a una causa judicial que se inició en agosto de 2015, cuando un grupo de sujetos atacó al ex parlamentario socialista en el Paseo Baquedano de Iquique. El incidente terminó con el parlamentario atendido por lesiones de pies y puño en el rostro. Ocurrió dos años antes de que Rossi denunciara -en medio de su campaña parlamentaria- haber sufrido otro atentado cortopunzante que la Fiscalía dejó de investigar por falta de méritos.
La participación legal del Senado de la República distingue ambos incidentes que involucraron al exsenador Rossi. Y es que a diferencia del incidente de 2017 en el que Rossi contrató los servicios del abogado Alejandro Espinoza, la Cámara Alta optó por costear la representación legal del entonces senador socialista en el atentado que sufrió en 2015.
A través de una solicitud por ley de transparencia tendiente a determinar los montos desembolsados por la corporación en el pago de abogados, la Fiscalía del Senado reconoció que “actualmente existen dos causas pendientes ante los Tribunales de la República, en las cuales el Senado ha debido contratar directamente los servicios profesionales de abogados externos”.
Se trata de la contratación del abogado Gonzalo Ruiz Requena para la representación de Rossi en Iquique frente al atentado que sufrió en 2015.
Y de la abogada laboral Susana Bontá para la defensa del Senado ante la denuncia de discriminación que interpuso la telefonista Natalia Ravanal contra la corporación en el 5° Juzgado Civil de Valparaíso.
Por esta última causa laboral, el Senado pactó honorarios por $ 6.000.000 (brutos) quedando pendiente por pagar la suma de $1.500.000. La causa de Rossi, en tanto, resultó más costosa. El abogado Ruiz REquena cobró honorarios totales de 600 UF (17 millones de pesos). De los cuales aun debe 250 UF ($6.8 millones).
SENADORES ACCEDIERON A PAGAR
La Fiscalía del Senado explicó a La Tercera PM que el exsecretario de la Corporación, Mario Labbé, fue quien autorizó la contratación de una abogada para enfrentar el caso Ravanal pues el demandado era el Senado.
Como la causa de Rossi no involucraba a la corporación, el pago de su abogado debió ser autorizado en 2015 por la comisión de Régimen Interno del Senado que representa a todas las bancadas parlamentaria. Entonces presidía la corporación el exsenador DC, Patricio Walker.
Fuentes de la actual mesa del Senado aseguraron no tener a la vista los antecedentes que se tuvieron en cuenta al momento de decidir un desembolso de fondos para el caso de Rossi. “Se están haciendo ajustes en materia financiera”,aseguraron. (La Tercera)
