Diversas organizaciones mapuches de la provincia de San Antonio se reunieron en el salón del Concejo Municipal de San Antonio con el fin de pronunciarse sobre el proyecto de Consulta Indígena impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social, el cual busca realizar modificaciones a la actual Ley Indígena.
La instancia contó con la participación de las organizaciones sanantoninas “Taiñ Mawidache”, “Rayen Mapu Carimán”, “Carimán Pinto Guerra”, “Pangynewen”, “Calaucán”, Consejo de Pueblos Originarios y la Red de Emprendedoras y Emprendedores Mapuche, además de “Kallfü Kurruf” de Cartagena y “Newen Trawün” de El Quisco.
A través de una declaración, las agrupaciones señalaron que “rechazamos de manera unánime y total la reforma planteada en estas 11 medidas a la ley 19.253, la lógica individualista y carente de toda visión mapuche en su contenido que plantea esta consulta indígena atenta de manera directa e irreversible al pueblo mapuche y su territorio”.
“En esta convocatoria no se ha respetado el Principio de Buena Fe establecido en el Convenio 169. Es una falta de respeto para cada una de las personas mapuche asistentes recibir una carta certificada con fecha de día anterior y no recibir una convocatoria, al menos telefónica, de los responsables de este proceso con la debida participación”, dicta el documento.
El comunicado consigna, además, que “siendo esta Etapa 1 de Planificación y de entrega de información ‘preliminar’, como pueblo mapuche sentimos que la información es insuficiente y precaria para un tema tan importante como lo es la modificación de la única ley que debiera resguardar en parte los derechos fundamentales del pueblo mapuche y de los pueblos originarios del país”.
“Por todo lo anterior, concluimos no seguir participando en ninguna de las siguientes etapas de esta consulta, la que no reconocemos como válida y que como Pueblo Mapuche de la provincia de San Antonio, desestimamos completamente. Tomaremos como medida aplicar un recurso de protección a nivel regional”, concluye la carta.
El plan de reforma aborda once puntos propuestos, entre los que establece el legalizar el arrendamiento o venta de tierras a privados mediante la división parcial o total de títulos de dominio que ostentan algunas comunidades en la actualidad. (SoyChile)
