Antes del mediodía de hoy se dará inicio, en Nueva York, a una reunión plenaria en el salón de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) para hacer un «examen al proyecto de resolución sobre el Pacto Mundial sobre la Migración».
Así se puede leer en la citación oficial de la ONU, respecto de una materia controvertida, originada después de la decisión de Chile de ausentarse de la reciente reunión intergubernamental de Marrakech donde se visaría el convenio.
Esa definición tendrá su correlato hoy cuando Chile exprese su opción, la que se inclina por la abstención, respecto del pacto migratorio. La otra alternativa era rechazar, sin embargo esa posibilidad se habría desechado.
Entre las principales razones que esgrime el Gobierno para adoptar esa decisión se encuentran las señaladas por el Presidente Sebastián Piñera, en cuanto a que el pacto «lesiona y no resguarda los intereses de los chilenos. (El texto) incentiva y pone el foco en la migración irregular, que facilita la promoción de derechos no reconocidos, que establece nuevos deberes para el Estado de Chile y que dificulta el resguardo de nuestras fronteras, limita nuestra soberana capacidad de tomar decisiones en materia de migración».
Otro de los argumentos lo planteó el canciller Roberto Ampuero, en torno a que «sería ilógico aprobar el pacto mientras tramitamos una Ley de Migraciones en el Parlamento», provocando diversos cuestionamientos de la oposición.
La referencia del ministro de Relaciones Exteriores es a una propuesta en discusión en la Cámara de Diputados sobre un proyecto de Ley de Migraciones. Al estar en primer trámite, resta aún su paso por el Senado, un casi seguro tercer trámite legislativo e incluso una eventual comisión mixta, por lo que su despacho no se prevé sea pronto.
COMPLEJO DEBATE
La comisión de Hacienda de la Cámara analizó ayer una parte de los artículos relacionados con el financiamiento de la iniciativa. Entre los aspectos más complejos estuvo la discusión de una indicación de la diputada PC Carmen Hertz, aprobada en la comisión de Derechos Humanos, relativa a la implementación de una visa para «extranjeros en búsqueda de oportunidades laborales». El Ejecutivo esperaba que se suprimiera mediante la presentación de una indicación en ese sentido, pero esa y otros numerales no lograron ser votados, postergándose hasta la próxima sesión de enero.
En la sesión de ayer se expusieron cifras por parte de las autoridades presentes. Una de ellas fue el subdirector de Presupuestos Mauricio Villena, quien dio cuenta de un informe financiero complementario del proyecto, al que accedió «El Mercurio».
El texto señala, por ejemplo: «En relación con los beneficios de la seguridad social, se estima que una mayor cantidad de migrantes podría acceder a los distintos beneficios establecidos. Solamente en el caso del Bono Marzo, el mayor costo estimado podría ascender a $4.430 millones anuales, considerando que al menos un 10% de la nueva población migrante tendría derecho a él».
También se indicó que la visa para buscar trabajo podría redundar en el ingreso de entre 979.000 personas, hasta 2.885.000 inmigrantes. Las cifras fueron advertidas por el asesor del Gobierno en la materia, Mijail Bonito.
A esos antecedentes se sumó una minuta del Ejecutivo -a la que accedió este diario- donde se indican los puntos menos favorables de los cambios introducidos por los parlamentarios a la propuesta. Con esas modificaciones, se advierte que el «costo total, en régimen del proyecto de ley, pasaría de $2.415 millones a $171.415 millones, con la indicación planteada», es decir, la iniciativa se encarecería 70 veces más que lo originalmente presupuestado.
«Creemos que eso no corresponde desde el punto de vista de fondo. Una categoría de visa temporal está asociada a una transitoriedad, y la búsqueda de trabajo está relacionada con una permanencia definitiva», cuestionó el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla. (El Mercurio)
