Con solo una copia impresa del documento de la acusación constitucional contra jueces de la Corte Suprema, llegó ayer el ex ministro Gabriel de la Fuente (PS) a una reunión con jefes de bancada de la oposición. En la cita se analizó en detalle el libelo que ingresarán hoy al mediodía, en contra de tres ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema -Carlos Künsenmüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama- luego del fallo del máximo tribunal que otorgó libertad condicional a cinco condenados por delitos de lesa humanidad.
El texto se ha manejado con reserva; de hecho, los diputados solo han podido revisarlo a través de un notebook , sin poder hacer copias. Todo, explicaron, para evitar que el texto sea sometido al debate público antes de su ingreso a la Cámara.
Entre algunos jefes de bancada, sin embargo, circuló una minuta, a la que accedió «El Mercurio», que explica los fundamentos de la acusación y que tendría tres fundamentos. El primero es reivindicar la naturaleza de esta como un acto político, desestimando que intervenga en otro poder del Estado, lo que había sido reclamado en una declaración del Pleno de la Corte Suprema.
«Cabe desechar la idea de que la acusación constituya una violación de la separación de poderes. El Congreso no dictará una sentencia de reemplazo, ni anulará las dictadas. Se está ante el ejercicio de una facultad constitucional entregada al Congreso, que permite controlar la sujeción de autoridades de otros poderes del Estado a la Constitución y las leyes, evitando el ejercicio arbitrario del poder», sostiene la minuta, en el capítulo que detalla el propósito del recurso.
Otro fundamento es la respuesta de por qué existiría un notable abandono de deberes de los jueces. Ahí, se sostiene que los ministros de la Suprema no aplicaron los tratados internacionales sobre DD.HH. que -recalcan- son vinculantes en materia de «ordenamiento interno» en Chile. «Los fallos (de la Suprema) señalan también que para la aplicabilidad de los criterios establecidos en el Estatuto de Roma, en su art. 110, se requiere que sean introducidos formalmente a través de texto legal expreso. Tal posición legalista se contrapone con la doctrina asentada por la propia Suprema», explican, apuntando a que ello ha permitido que, invocando tratados internacionales, el Poder Judicial haya perseguido anteriormente «la responsabilidad penal de violadores de DD.HH».
No obstante, constitucionalistas han advertido que el mismo Estatuto de Roma señala que sus normas -como el que se hayan cumplido 2/3 de la condena- son aplicables solo a sus propios fallos.
En un tercer foco, el texto hace hincapié en que «el delito de lesa humanidad no pierde su condición de tal en la fase de cumplimiento de la pena. Concluir lo contrario trae aparejadas consecuencias nefastas en la senda de la lucha contra la impunidad».
REPAROS DC
Pese a la decisión de ingresar el libelo hoy, entre diputados de las bancadas que lo apoyan han advertido que la principal dificultad de la acusación será superar la norma constitucional que establece que el Poder Legislativo no puede revisar los fundamentos de fallos judiciales.
A estas dudas se suman los reparos en la DC, donde no participaron en la reunión de ayer. «No podemos juzgar la acusación en función de una sola resolución, porque tenemos una prohibición constitucional de revisar resoluciones judiciales», dijo ayer el jefe de bancada Matías Walker. Más directo fue el diputado Miguel Ángel Calisto. «Conociendo el texto evaluaré su mérito. Pero sostengo dos puntos relevantes: la intromisión en los asuntos de otro poder del Estado, y la relativización del uso de la acusación constitucional».
Un rechazo por parte de varios DC podría hacer difícil que la oposición reúna los 78 votos necesarios para que el libelo pase al Senado. (El Mercurio)
