Los senadores Felipe Harboe (PPD) y Andrés Allamand (RN) anunciaron ayer una batería de indicaciones al proyecto de ley que sanciona el cohecho y soborno. Las penas propuestas por los senadores para distintos delitos vienen a endurecer las sanciones que sugería en esos ilícitos el ministro de Justicia, Hernán Larraín.
Así, por ejemplo, en el caso del delito de cohecho, la propuesta del Ejecutivo -que recoge parte de lo aprobado por la Cámara en el segundo trámite- contiene penas que iniciarían en los 541 días de cárcel efectiva. El texto de Allamand -quien es jefe del comité de senadores RN- y Harboe estipula, por su parte, que el delito debiese tener un castigo de cárcel que inicie con pena aflictiva (3 años y un día) hasta diez años de reclusión.
Similar es el caso del delito de soborno. Desde el Ejecutivo se plantea mantener las penas aprobadas en la Cámara, que determinan que, en el caso del funcionario público hallado culpable, su sanción comience desde los tres años y un día. Los senadores, por su parte, piden que el funcionario sobornado tenga como mínimo una pena de cinco años y un día hasta los diez años.
Aumentar las sanciones que ya contenía el proyecto ha sido motivo de recurrente debate en las sesiones de la comisión mixta que revisa la iniciativa. El ministro Larraín ha argumentado en contra de algunas propuestas para elevar las penas más allá de la propuesta del Gobierno, debido a que delitos contemplados en el proyecto quedarían con castigos similares o mayores a otros de menor gravedad. Así, ha solicitado a los parlamentarios atenerse a la propuesta de La Moneda, comprometiendo que en la reforma al Código Penal se buscará corregir la desproporcionalidad entre las sanciones para los delitos de similar gravedad.
Las indicaciones serán presentadas el próximo martes en la sesión de la comisión mixta, presidida por el senador DC Francisco Huenchumilla. «Vamos a conversar con la comisión para buscar los acuerdos que hagan posible sacar adelante este proyecto como corresponde», dijo Harboe. «Esperamos que estas indicaciones tengan suficiente apoyo, porque se pasa de dar un trato benevolente a los delitos de cuello y corbata a un trato drástico», agregó Allamand.
ATENUANTES Y AGRAVANTES
La propuesta de los dos senadores estipula también la posibilidad de atenuantes cuando el autor del ilícito auxilia en la investigación. «Queremos dar un reconocimiento a aquella persona que participa con cooperación eficaz, delación compensada u otros, para poder descubrir estos hechos», explicó Harboe.
Además, se incorporaría como agravante el haber participado de una organización para delinquir en materias de probidad.
Otro elemento a presentar el martes por Allamand y Harboe aborda el tema de la prescripción de estos delitos, la cual no comenzaría -proponen- desde el momento en que ocurrió el ilícito, sino desde que el funcionario cesa de su cargo. «La razón es muy simple: es para evitar que mientras ejerza sus funciones, obstaculice o impida una investigación», señaló Allamand. (El Mercurio)
