No solo el obstruccionismo, dicen en Chile Vamos, explicaría la supuesta «sequía legislativa» que acusa la oposición. Transcurridos más de 100 días de gobierno, en el oficialismo reconocen que La Moneda ha reafirmado una línea de trabajo que, dado el escenario de minoría en ambas cámaras, no privilegia necesariamente todos los esfuerzos en el Parlamento.
El plan para La Araucanía, la reactivación económica, el decreto migratorio, las rondas de patrullaje con Carabineros, entre otras iniciativas, son destacadas en el oficialismo como acciones que han marcado el trabajo del Ejecutivo. Sin embargo, todas ellas corresponden a medidas de carácter administrativo.
En paralelo, las comisiones de las mesas para los cinco acuerdos nacionales recibieron críticas de la oposición, por ser instancias desarrolladas al margen del trabajo legislativo.
«Tener un Congreso en minoría requiere que las decisiones que tomes respecto a las discusiones que llevas allí sean muy pensadas. El Gobierno ha elegido bien las batallas que dar en el Congreso», afirma el jefe de bancada de la UDI, Javier Macaya.
El diputado explica que las acciones del Ejecutivo se han dado «a través de la gestión propia del Presidente y del Gobierno». «Eso refleja que no todas las grandes cosas se resuelven con proyectos de ley. Es un error pensar que la gestión del Gobierno tiene que estar concentrada solamente en hacer leyes», asegura.
Su par, Jorge Alessandri (UDI), manifiesta: «Tampoco creemos que la solución sea más leyes». El diputado, además, critica el «frenesí legislativo» de la ex Presidenta Bachelet, en que «todos los problemas de nuestro país se resolvían con leyes».
Por su parte, la diputada Paulina Núñez (RN) califica como «pirotecnia» decir que hay sequía «porque faltan ideas». La parlamentaria asegura que hay proyectos que avanzan en el Congreso e ideas que se están aplicando «gracias a la capacidad del Gobierno de tomar decisiones».
Asimismo, el diputado Jaime Bellolio (UDI) dice que La Moneda tiene «el desafío de implementar la fiebre reformista del gobierno anterior», al igual que poner en práctica una agenda social que incluye «aspectos en proyectos de ley, pero sobre todo una disposición a hacer las cosas de manera diferente, priorizando las urgencias sociales».
A pesar de la estrategia de priorizar temas que no necesariamente se deben discutir en el Congreso, los parlamentarios piden que el Ejecutivo modifique las urgencias para acotar los plazos del trámite legislativo. Eso sí -advierten-, se debe exigir que se respeten, ya que hasta ahora no se estarían cumpliendo.
«El Gobierno tiene la obligación de exigir que las urgencias que se les ponen a los proyectos se acaten estrictamente», sostiene el senador Andrés Allamand (RN), a quien se suma Felipe Kast (Evópoli). «Tenemos varios proyectos en urgencia y no se están respetando», afirma.
En tanto, ayer, el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, defendió el trabajo legislativo y remarcó: «No vinimos a prometer el Cielo, a prometer que vamos a llevar a nuestro país a las estrellas en estos cuatro años. Va a ser un trabajo difícil, arduo y esto se hace sobre la base de ir haciéndose cargo de los problemas presentes más que estableciendo compromisos utópicos en un futuro lejano que nunca nadie sabe si va a llegar». (El Mercurio)
