«La reparación nunca va a ser suficiente». Fue una idea que repitió ayer el ministro de Justicia, Hernán Larraín, durante la interpelación en su contra, concepto que le pidieron remarcar en sus intervenciones finales quienes, durante el receso, se le acercaron para hacer sugerencias.
«Cuidado con los tiempos», le recordaron el senador David Sandoval (UDI) y los ministros Cecilia Pérez (Segegob) y Gonzalo Blumel (Segpres), entre otros. Al comienzo, Larraín no había logrado concluir sus palabras en el tiempo correspondiente.
El ministro de Justicia, quien previamente se había confesado «nervioso» a sus cercanos, basó su defensa del retiro del proyecto que entregaba compensaciones a víctimas de violaciones a los derechos humanos en dos argumentos, los que fueron constantemente criticados por la diputada Carmen Hertz (PC). Por una parte, el secretario de Estado reivindicó los esfuerzos hechos por los gobiernos desde el retorno de la democracia para reparar a las víctimas. Así, junto con indicar que Chile ha instalado un proceso de justicia transicional desde los 90 y que ha sido «extraordinariamente serio y relevante», afirmó que el país ha invertido 6.170 millones de dólares en reparaciones.
«Chile ha cumplido en forma bastante significativa con las personas que han sido afectadas (…). A los 6.170 agrega la proyección para los próximos cinco años, que suman 2 mil millones y fracción», agregó.
Aunque advirtió que en el desglose individual de la cifra no se compensaba el dolor de lo sufrido, destacó que no es un monto miserable.
«Cuando se ha hecho ese esfuerzo no es justo decir que se está haciendo algo miserable. En qué quedan todos los esfuerzos que se hicieron desde el gobierno de Patricio Aylwin», enfatizó.
«Probablemente -continuó-, no va a haber reparación suficiente nunca, pero no es justo decir que en Chile no se haya hecho un esfuerzo significativo por tal reparación».
OFICIO DE VALDÉS
Por otra parte, el ministro aseguró que el retiro del proyecto buscó ser responsable fiscalmente, dada la «compleja» situación económica» actual, tras el «bajo crecimiento económico en el período de Michelle Bachelet».
Hertz retrucó diciendo que le parecía «inadecuado» el criterio «economicista» para reparar a las víctimas del Estado.
Ante ello, Larraín sacó a relucir un oficio del 18 de enero de 2017, firmado por el ex titular de Hacienda Rodrigo Valdés, en que señalaba: «Para el año 2017 ‘no existen recursos contemplados para financiar una iniciativa en esta materia'».
«Ha sido el gobierno que usted apoyó, en su minuto, el que rechazó esta situación por consideraciones de carácter económico», argumentó Larraín, quien criticó que se le interpelara a él, en circunstancias que sus antecesores ya habían evitado financiar el proyecto.
«Usted sabe que este proyecto fue acompañado de un informe financiero suficiente, firmado por la Dipres. No es cierto que no haya financiamiento», respondió la parlamentaria, quien mencionó que los «presos políticos alcanzan una pensión miserable de 150 mil pesos mensuales».
«Ministro, con el dinero de todos los chilenos se pagan pensiones militares de 1,8 billones de pesos al año. En un mes, son 184 mil millones de pesos. Es decir, el doble del aporte único que se contemplaba a los sobrevivientes de prisión política y tortura, que solo suma 90 mil millones de pesos», afirmó.
Ante ello, Larraín defendió que las pensiones son un derecho constitucional que no se puede quitar y lamentó que la reparación sea tema de división en lugar de unidad.
EMPLAZAMIENTO
Sin embargo, Hertz lo siguió acusando de retirar el proyecto intempestivamente y de usar retórica en vez de consolidar hechos concretos. Asimismo, dijo que los «esfuerzos» citados por las víctimas, se dieron tras luchas de los propios afectados. Así, al tiempo que describía los vejámenes sufridos, seguía preguntando por las razones del retiro.
«No he podido argumentar porque, como usted fundamenta con antecedentes del Informe Valech, situaciones dramáticas, repudiables, para volver a preguntar lo mismo. Como si el retiro fuese lo que va a hacer imposible hacer justicia, verdad o reparación a las personas dañadas. No es así», le repetía el ministro, mientras las tribunas se enardecían.
Larraín fue emplazado en tres ocasiones por declaraciones hechas en el pasado, por el apoyo a Augusto Pinochet a su gestión y al líder de Colonia Dignidad Paul Schäfer. «Lo que yo puedo señalar es algo que dije hace algunos años, que el gobierno militar fue una dictadura. ¿O alguien cree que fue un gobierno democrático?», fue una de sus respuestas, mientras mostraba un recorte de diario de 1997.
Al hacer esas menciones, desde la tribuna comenzaron a gritar hacia la testera, por lo que se hizo un receso y se desalojó un sector.
Larraín cerró sus palabras enfatizando en la necesidad de tener una actitud de reconciliación hacia el futuro. «No tiene al frente un gobierno adverso o contrario a las inquietudes que usted tiene», le dijo a Hertz.
Pese a todo, al final de la sesión y tras las intervenciones de cada bancada, se aprobó un proyecto de acuerdo para solicitar al Gobierno reponer el proyecto. Larraín, eso sí, desechó esa posibilidad. (El Mercurio)
