Que en Chile existen deficiencias en la protección de los denunciantes de corrupción ha sido consignado por instancias como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Pero una nueva forma de paliar estas faltas entrará mañana en funcionamiento.
Se trata de la Asesoría Legal anticorrupción, o ALAC, por sus siglas en inglés: Advocacy and Legal Advice Centres , una iniciativa de Chile Transparente que tiene como objetivo brindar asistencia gratuita a quienes han sido víctimas de corrupción donde estén involucrados autoridades o funcionarios públicos.
«Lo que busca es fomentar el control ciudadano a través de la denuncia; que las personas que sientan que son víctimas de un caso de corrupción, o que lo hayan presenciado o incluso participado, puedan informarlo», dice Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente.
CÓMO FUNCIONA
«Recibimos la información, con la mejor seguridad, la procesamos y vemos si se trata de un caso que pueda ser perseguible y luego la entregamos a las autoridades competentes para que puedan iniciar las investigaciones respectivas», sostiene el abogado acerca de la plataforma, que opera en colaboración con el Ministerio Público y la fundación Ciudadano Inteligente.
Para Octavio del Favero, coordinador legislativo de Ciudadano Inteligente, en el país se debe avanzar en la promoción e incentivo de las denuncias de corrupción: «Es conveniente observar la experiencia de otros países y en otras áreas con la delación compensada para evaluar en qué términos debe ser implementada para ser efectiva y permitirnos detectar más casos oportunamente», afirma.
En esa línea, Precht advierte que «es necesario contar con una ley de protección y discutir sumar incentivos». (El Mercurio)
