Iniciamos el 2018 con el eco de las presidenciales y con aquellas propuestas que fueron transversales, como la necesidad reactivar la economía de la mano de proyectos de inversión con aceptación social y que aseguren el desarrollo de los territorios donde se insertan.
El diagnóstico es reconocido por todos: Ha caído la inversión y con ello el crecimiento potencial se ha reducido a la mitad. Se suma la desconfianza ciudadana en las instituciones y su oposición a ciertos proyectos. Un estudio del CNID concluyó que Chile es el quinto país con mayor conflictividad socio-ambiental en torno a proyectos de inversión. En tanto, en los últimos seis años, más de 80 proyectos han sido detenidos por conflictos sociales.
Los próximos años representan una ventana de oportunidad y son los proyectos de inversión los que pueden mover la aguja del crecimiento. De los 831 proyectos que la Corporación de Bienes de Capital proyecta entre 2017-2021, solo 50 de ellos explican más del 50% del monto total (US$ 25.192 millones). Es necesario generar condiciones para que los proyectos de inversión se realicen eliminando las barreras que enfrentan y, a la vez, asegurando que estos sean inclusivos y sostenibles, colaborando así con el desarrollo para los territorios donde se insertan. Esta fue la propuesta que escuchamos de la mayoría de los candidatos.
Valor Minero está liderando el diseño de una política pública para crear una “Institucionalidad de Coordinación y Diálogo para Inversiones, ICDI”. Esta es una plataforma integrada que articula todos los procesos relacionados a la tramitación e inserción temprana de un gran proyecto en un territorio, desde la obtención de los permisos hasta la relación entre Estado, empresas y comunidad en torno a acuerdos de beneficio compartido y resolución de controversias.
Esta propuesta, como parte del sello de Valor Minero, está siendo co-diseñada por representantes de todos los sectores: gremios y empresas, sindicatos, organizaciones sociales, expertos y académicos, sector público y ONGs. Junto con diseñar una institucionalidad para el país, estamos explorando una nueva forma de hacer política pública.
Las metas para el ICDI son claras. A través de una coordinación intergubernamental, se busca disminuir a la mitad los tiempos de trámite de los proyectos de inversión, asegurando que se cumplan las exigencias ambientales, de seguridad y salud de las personas. En tanto, a través de una institucionalidad de diálogo temprano y permanente, se busca ordenar la relación entre las empresas, la comunidad y el Estado. Esto, con el objeto de establecer procesos efectivos y transparentes de diálogo, que conduzcan al logro de acuerdos de beneficio compartido que permiten, simultáneamente, el desarrollo de los proyectos y de los territorios y sus habitantes.
El compromiso es entregar, a mediados del 2018, esta propuesta de política de Estado al nuevo gobierno. Esta nueva institucionalidad puede transformarse en la herramienta necesaria para asegurar las condiciones que permitan que los proyectos promuevan un crecimiento económicamente inteligente, socialmente inclusivo y ambientalmente responsable. Transformemos la inversión en desarrollo territorial. (La Tercera)
Älvaro García
