Luego tres años de tramitación, el Senado aprobó en general y despachó el proyecto de Ley que Fortalece la Institucionalidad de Protección de los Derechos de los Consumidores, iniciativa impulsada por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y el Ministerio de Economía.
El director del organismo estatal, Ernesto Muñoz, describió este día como «histórico para los consumidores de Chile porque por fin estamos avanzando en equilibrar la cancha en nuestras relaciones de consumo».
La normativa -que ahora se discutirá en la Cámara en su tercer trámite constitucional- lo que hace es «establecer facultades normativas, sancionatorias y también fiscalizadoras para el Sernac de manera que se puedan prevenir las infracciones», explicó Muñoz.
Además, «crea mecanismos más rápidos y efectivos para la solución de los conflictos, por ejemplo, las empresas van a tener que responder los reclamos de los consumidores si no va a ser una infracción; se va a crear un procedimiento de conciliación para que las partes puedan llegar a un acuerdo antes de iniciar un procedimiento sancionatorio; se crea y se fortalece un procedimiento voluntario colectivo que trata de solucionar los problemas cuando afectan a muchos consumidores antes incluso de llegar a Tribunales», dijo.
En cuanto a las multas, el director señaló que éstas serán disuasivas y «van a llegar hasta 2.250 UTM (más de $105,2 millones al valor de octubre). En los casos colectivos también se puede aplicar una multa por cada consumidor afectado, pero se establece también que eso no va a ocurrir si la empresa repara íntegramente el daño causado a los consumidores».
Finalmente, detalló que el proyecto «también establece 10 nuevas oficinas provinciales, la posibilidad de tener convenios con las municipalidades«.
Por su parte, el ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, indicó que «se ha dado un gran paso para poder darle a los consumidores sus derechos garantizados y cuando éstos pueden ser violados porque alguien se equivoca o por mala fe, van a tener en el Sernac una inclusión capaz perfectamente de defenderlo».
Así, con esta ley la entidad no sólo tendría la capacidad de hacer una mediación, sino que «va a poder pasar multas, fiscalizar preventivamente cuando se detecten situaciones de abusos y una vez que los contratos estén examinados por Tribunales de Justicia va a poder multas en el caso de que hayan elementos gravosos», comentó el secretario de Estado.
«Lo que nosotros esperamos no es estar pasando multas permanentemente sino que básicamente con un conjunto de medidas evitar malos comportamientos por parte de los productores, comerciantes de manera que se tenga una relación como existe en los países desarrollados», concluyó. (Emol)
