El Informe Cass provocó un giro copernicano en la experimentación social, hormonal y quirúrgica con un enfoque transafirmativo en niños y adolescentes. El supuesto consenso mundial se hizo trizas al demostrar que se trataba de medicina basada en ideología y no en evidencia. Organizaciones médicas nacionales e internacionales tuvieron más espacio para que sus alertas fuesen escuchadas y la cancelación por “transfobia” se transformara en un recurso tan inútil como poco creíble. Cada vez son más los países que han adoptado medidas restrictivas o prohibitivas para impedir que se dañe física y psicológicamente a los niños. La discusión en Chile reflotará durante la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos para el año 2026.
En nuestro país funciona el PAIG, un programa ministerial para menores entre tres (¡¿?!) a 17 años identificados trans, comenzó a ejecutarse en 2023 en 37 hospitales públicos, con un psicólogo y un trabajador social. Entrega un apoyo psicosocial transafirmativo, es decir, si un niño cree que es una niña o viceversa, el PAIG despliega acciones para apoyar su transición, buscando eliminar los factores de riesgo, y proponiendo un plan de cuidados que incluye acompañamiento psicológico, familiar y educacional. Así, la angustia del menor se origina en la reacción social negativa (la transfobia), y por ende corresponde transformar la sociedad.
Como muestra abundante y sólida evidencia científica, los que niños que inician la transición social tienen altas probabilidades de pasar a la transición hormonal. Ninguno de los defensores del PAIG ha logrado refutar que este funciona como la antesala de la hormonación (desde los diez años con bloqueo puberal y desde los 14 para la hormonación cruzada), puesto que los funcionarios puede derivarlos a las unidades de endocrinología del mismo hospital en el que operan o del más cercano para iniciar la intervención hormonal. Por ejemplo, el PAIG del Hospital de Melipilla, de abril de este año, reconoció en una respuesta de transparencia que al ser psicosocial, no realiza directamente interconsultas. Se remite (para evaluar la pertinencia de entregar esta información), las SIC generadas desde la Unidad de Pediatría a solicitud de PAIG. SIC generadas desde Pediatría HSJM a Endocrinología HSJD. Así el PAIG logra evadir la imposibilidad de derivar a endocrinología. Otros once hospitales reconocieron lo mismo.
Conscientes del grave peligro, el año pasado el Congreso, mediante la Ley de Presupuestos para el 2025, ordenó a la Subsecretaría de la Niñez que el PAIG debía entregar información sobre su ejecución y revisar su diseño e implementación, mediante una Mesa Técnica de “Expertos, y enviar un Informe de recomendaciones al Congreso (glosa 13), que considerara las conclusiones del Informe de la Comisión Investigadora Nº 57 de la Cámara de Diputados, aprobado por amplia mayoría en mayo de 2025. Por supuesto, los “expertos” resultaron ser instituciones públicas y privadas favorables al enfoque transafirmativo, y en lugar de realizar una revisión crítica del PAIG, decidieron fortalecerlo. Si la Comisión Investigadora advertía sobre las derivaciones del PAIG para hormonizar niños, la Subsecretaría proponía formalizarlo mediante protocolos específicos. En lugar de cambiar el corte etario de ingreso por sus errores (básicamente, adelantaron la edad de ingreso de los 11 a los 3 años), los “expertos” lo mantuvieron. Y en lugar de eliminar o prohibir la posibilidad de judicializar a los “padres opositores” que se oponían a que sus hijos ingresaran al PAIG o que no se requería su consentimiento (bastaba con informarles), crítica esencial de la CEI 57, el Informe de la Subsecretaría lo mantuvo, limitándose a enfatizar que los usuarios del PAIG debían contar con «información clara y suficiente para poder decidir libre y voluntariamente su ingreso y continuidad». Es decir, incumplieron absolutamente lo ordenado por la Ley de Presupuestos 2025.
El PAIG continúa financiándose en el proyecto de Ley de Presupuestos 2026 con casi $900.000.000 de pesos, a pesar de ser objetado técnicamente en el proceso de formulación presupuestaria 2026, entre otras cosas, porque aún no permite dimensionar adecuadamente la magnitud del problema ni su evolución, y no presenta indicadores de desempeño ni resultados de evaluaciones anteriores.
El PAIG causa un daño enorme a los niños (y a sus familias) que confían en la solución del Estado, pero que se encuentra con un experimento social que destroza cuerpos y mentes. Aparte de los daños provocados por las intervenciones hormonales y quirúrgicas, ya las medidas de la transición social implementada PAIG (cambio de nombre y pronombre, uso de ropa, baños y camarines del sexo opuesto) son gravísimas, como explicó una endocrinóloga pediátrica en la CEI 57: la transición social es una intervención que modifica las experiencias de vida del niño, el curso espontáneo del proceso de desarrollo psicosexual y la maduración cerebral.
Diputados y Senadores, en sus manos está la responsabilidad de enfocar los recursos en medicina basada en evidencia, y no permitir que esta locura continue funcionando. Debemos cuidar a los niños de una experimentación brutal, catalogada como uno de los mayores escándalos en la historia de la medicina y una violación a los derechos humanos de los niños. (El Líbero)
Roberto Astaburuaga
