La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) enfrenta una ola de recursos de protección presentados por 659 funcionarios y exfuncionarios debido a un error de cálculo en el pago de la Gratificación de Zona que la institución aplicó por más de dos décadas, desde 1998. El error, que resultó en montos inferiores a los legalmente correspondientes, fue corregido por la PDI en 2019, aunque el pago retroactivo solo se inició tras un dictamen favorable de la Contraloría General de la República (CGR) en 2021.
SUPREMA FALLA A FAVOR DE FUNCIONARIOS
El conflicto radica en que la PDI no consideró la «Asignación de Especialidad de Grado Efectivo» en la base de cálculo de la Gratificación de Zona, una omisión que la Contraloría ya había confirmado como incorrecta en 2015.
La batalla judicial se intensificó luego de que la Corte Suprema revocara una sentencia inicial y acogiera un recurso de protección presentado por dos exfuncionarios en Coyhaique, ordenando a la PDI incluir la asignación en el cálculo retroactivo. Esta sentencia impulsó la masiva presentación de recursos a nivel nacional.
A la fecha, 139 funcionarios y exfuncionarios han recibido el pago de las gratificaciones adeudadas, sumando un total pagado de $996.994.711. La PDI aseguró estar dando cumplimiento a lo ordenado por los tribunales «en la medida de que se reciban los fondos y autorizaciones de los organismos públicos correspondientes.»
PAGO RETROACTIVO
A pesar de las sentencias a favor, la PDI está aplicando como fecha de corte para los pagos el año 2009, argumentando que el Decreto que rige la materia fue publicado en noviembre de ese año. Esta limitación ha generado inquietud entre los demandantes, quienes consideran que la fecha de corte debería ser anterior, acorde con lo dictaminado por la Corte Suprema. La PDI, además, confirmó que no se ha instruido ningún sumario administrativo por el error en el cálculo o el no pago retroactivo.
EX DIRECTORES GENERALES RECHAZADOS
Entre los más de 600 recurrentes se encuentran los exdirectores generales Sergio Muñoz y Héctor Espinosa. La PDI informó que los recursos de protección presentados por ambos exlíderes institucionales fueron rechazados por las Cortes de Apelaciones de Valparaíso y Santiago, respectivamente, y ambas sentencias se encuentran ejecutoriadas. Fuentes conocedoras explicaron que la responsabilidad administrativa por el error se extingue al dejar el cargo, y el problema se hizo visible durante la administración de Espinosa.
CORDERO: GBNO. DEBE ASUMIR DECISIONES DE LA JUSTICIA
