La reciente propuesta ingresada por el Ejecutivo en la ley de reajuste al sector público ha desatado una fuerte controversia política. La norma establece que la no renovación de contratos en diversas entidades estatales solo podrá realizarse mediante un «acto administrativo fundado», el cual deberá basarse en hechos objetivos y fundamentos de derecho, eliminando la actual facultad de apelar simplemente a «necesidades del servicio».
ALCANCE DE LA MEDIDA Y FUNCIONARIOS BENEFICIADOS
Según un análisis del centro de estudios Horizontal, basado en datos de la Dipres, la medida beneficiaría directamente a 32.767 funcionarios contratados bajo la actual administración que cumplen con el requisito de dos años de servicio continuo. De aprobarse este cambio, cerca del 60% de quienes ingresaron durante el actual periodo de gobierno podrían reclamar vicios de legalidad ante la Contraloría en caso de ser desvinculados al inicio de la próxima administración en marzo de 2026.
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES Y MINISTERIOS
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Salud y Educación: Son las áreas con mayor impacto, concentrando 22.949 y 4.688 funcionarios beneficiados, respectivamente.
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Carteras Clave: En el Ministerio de Hacienda se registran 818 nuevos empleados a contrata bajo esta protección, mientras que en Obras Públicas la cifra llega a 988.
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Otros organismos: Los Gobiernos Regionales cuentan con 1.825 trabajadores en esta condición, seguidos por Desarrollo Social con 693.
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Casos Atípicos: Curiosamente, el Ministerio del Interior y la Presidencia muestran cifras negativas en su dotación a contrata, con disminuciones de 1.305 y 10 funcionarios, respectivamente.
CRÍTICAS POR «AMARRE» ADMINISTRATIVO
Desde la oposición y sectores técnicos, la medida ha sido calificada como una «camisa de fuerza» para el futuro gobierno de José Antonio Kast. Alfonso España, investigador de Horizontal, advirtió que este acuerdo con la Mesa del Sector Público evita enfrentar el problema de fondo: la obsolescencia del Estatuto Administrativo actual. El debate parlamentario se anticipa complejo, ante las acusaciones de intentar blindar políticamente a miles de empleados estatales antes del cambio de mando en un intento de mantener el aporte mensual partidario que el oficialismo perdió tras la detección del fraude del caso Convenios. (Np-Gemini-Emol)
