La dimensión y la potencia destructiva de la violencia que se desató a partir del 18 de octubre de 2019 no tienen explicación social, sino política. No fue un estallido del malestar del pueblo, como dice el relato indulgente, sino un ataque a mansalva contra nuestra convivencia.
Ni siquiera las protestas contra Pinochet buscaron provocar daños como los que vimos hace seis años. El objetivo esta vez fue causar la mayor devastación posible. Chile no estaba en crisis; fue llevado a la crisis.
La mano de obra de la destrucción y el pillaje fueron muchos delincuentes contratados, elementos del lumpen, militantes de las tribus anarquistas e integrantes de los restos de la izquierda armada, pero tal convergencia no surgió por generación espontánea. Los desmanes requirieron mando, coordinación y mucho dinero. El ataque al Metro no fue azaroso, sino la concreción de un plan de sabotaje orientado a quebrar la columna vertebral de la capital, y cuya materialización exigió la participación de expertos en el uso de acelerantes químicos.
Hay quienes destacan las manifestaciones pacíficas como el verdadero signo del 18-O, pero el balance de destrucción dice otra cosa. La violencia no fue lateral, sino central, y dejó al país muy malherido. Fue, por lo tanto, una muestra de hipocresía validar el fuego en nombre de la igualdad. En aquellos días, las iglesias quemadas fueron una prueba dramática de que Chile había sido arrastrado al lugar sin límites. Vimos entonces muchas miserias disfrazadas de lucha por la justicia.
¿Es dable pensar que las organizaciones criminales actuaron aquella vez como la vanguardia de un alzamiento? Suena extraño, pero no lo es tanto que, con los incentivos correspondientes y mirando por sus propios intereses, se hayan puesto al servicio de un plan inequívocamente golpista. ¿A quiénes sino a los delincuentes podía beneficiar la estrategia de golpear a Carabineros hasta conseguir su desarticulación?
Ningún partido tenía capacidad ni recursos para causar directamente la inmensa destrucción que vimos, pero los partidos que hoy gobiernan no dudaron en echar leña al fuego, movidos por la idea de que todo era válido contra un gobierno de derecha. Fue inquietante constatar que en todas las demasías parecía subyacer un profundo desprecio por lo construido por Chile, lo que nos lleva a una pregunta crucial: ¿es válido considerar la hipótesis de que, en la génesis de esta agresión, pudo haber actuado otro Estado? Sí, es válido.
El golpe principal de 2019 vino desde Venezuela y buscó el derrocamiento del gobierno del Presidente Piñera. A ese propósito se sumaron los colaboradores nacionales que consideraron que había llegado el día de la insurrección revolucionaria y el asalto al poder. Hoy, ponen cara de inocentes.
En febrero de 2024, Diosdado Cabello, segundo de la dictadura venezolana, dijo en la TV: “Cuando el Presidente de Chile para la época, Piñera, vino a la frontera para invadir Venezuela, estaba autorizando cualquier cosa de nosotros en Chile”. Y el 15 de abril de 2024, Nicolás Maduro sostuvo: “¿Quién fue a Cúcuta a invadir Venezuela? El recientemente fallecido, que en paz descanse, expresidente Piñera. La derecha chilena vino a apoyar una invasión a Venezuela el 23 de febrero de 2019”.
¿Qué pasó realmente aquel día? Que Piñera viajó a la ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, para reunirse con Iván Duque, entonces Presidente de Colombia, y con Juan Guaidó, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Presionaron, infructuosamente, para que se abriera la frontera y pudieran entregarse alimentos y medicamentos reunidos por varios países, por lo que todo se redujo a un acto por la libertad de Venezuela. En los meses siguientes, la narcodictadura preparó el desquite, lo que incluyó el envío de muchos delincuentes a nuestro país.
El horroroso asesinato del joven militar venezolano Ronald Ojeda, en Santiago, en febrero de 2024, mostró con cuanto desparpajo llegaron a actuar los agentes de Maduro en Chile. En abril de este año, la Fiscalía ya tenía claro que el asesinato fue organizado desde Venezuela. El 2 de octubre, el fiscal Héctor Barros afirmó que los antecedentes de la investigación permitían afirmar que quien pagó al Tren de Aragua por este crimen fue Diosdado Cabello. Una potente luz retrospectiva se ha proyectado sobre el 18/O.
Necesitamos saber toda la verdad sobre lo ocurrido el 2019. En su esclarecimiento se juegan la dignidad nacional y la posibilidad de extraer enseñanzas morales y políticas. No podemos permitir que prevalezcan quienes nos amenazan con nuevos estallidos. Tenemos que defender la democracia a pie firme. (El Mercurio)
Sergio Muñoz Riveros
