En el marco de las investigaciones que ha hecho la Contraloría General de la República respecto al mal uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos, esta jornada la entidad dio a conocer un nuevo reporte, que expuso que más de 13 mil empleados asistieron a casinos de juegos, estando imposibilitados por temas de salud.
En total son 13.286 funcionarios públicos que fueron a al menos uno de los 25 casinos de juego que operan en Chile, en el período 2023-2024, estando con licencia. El consolidado de información de Contraloría para dar con estas cifras se realizó con datos de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).
De las personas investigadas ahora, al menos 1.486 de estos funcionarios fueron identificados dentro de los 25 mil que viajaron fuera de Chile estando con licencia médica.
En el periodo estudiado, la SCJ identificó el ingreso de 218.372 funcionarios públicos a alguno de los casinos. La Suseso, en tanto, informó que en esa fecha se entregaron 5.235.890 de licencias a funcionarios del Estado.
En un análisis cruzado, se permitió detectar 14.923 asistencias a casinos durante el periodo de licencia médica. Esto implica que algunos servidores públicos fueron en más de una ocasión a jugar estando con licencia.
Por región, predominaron establecimientos de O’Higgins con 3.376 registros (23%), seguido por en la Biobío con 2.180 (15%), y Valparaíso con 2.162 ingresos (14%). Las con menos fueron Los Lagos 1.454 (10%) y La Araucanía 1.125 (7%).
Los más de 13 mil empleados en cuestión se distribuyen entre 799 entidades. Las municipalidades concentran casi un tercio, con el 30% de los casos. Las siguen hospitales y servicios de salud con un 29%. La Junta Nacional de Jardines Infantiles presenta un total de 516 casos; Fundación Integra 480; Servicio de Salud de Concepción 332; Servicio de Salud de O’Higgins 233; Corporación Nacional del Cobre 211; y el Servicio de Salud Viña de Mar-Quillota 182.
Tras publicarse esta información, Contraloría procederá a notificar a las instituciones, para que se tomen medidas. Además se enviarán los antecedentes recopilados a la Compin y a la Suseso, al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. (The Clinic)
