En su despedida a Carolina Tohá, el Presidente Gabriel Boric aseguró que su administración ha mejorado «considerablemente» la seguridad fronteriza y que la inmigración en el norte ya no está fuera de control. Sin embargo, quienes recorremos el norte de Chile, la zona poniente de la Región Metropolitana y las principales ciudades del país sabemos que estas afirmaciones no solo están desconectadas de la realidad, sino que son irresponsables.
Las cifras oficiales desmienten este optimismo. Según el INE, entre fines de 2021 y fines de 2023, la cantidad de extranjeros en situación irregular se triplicó, superando las 337 mil personas sin un control efectivo en el país. Este crecimiento no es un «avance», sino una crisis migratoria que impacta la seguridad, la prestación de servicios públicos y la estabilidad social. Además, el número de extranjeros en las cárceles chilenas se ha duplicado en los últimos tres años, alcanzando un 15,3% de la población penal.
El descontrol fronterizo es igualmente alarmante. Entre 2018 y 2021, el promedio de ingresos irregulares era de 1.829 al mes; sin embargo, entre 2022 y 2024, la cifra se duplicó a 3.538 mensuales, acumulando 127.379 ingresos clandestinos en apenas tres años, más que en los 50 años previos combinados.
Lejos de fortalecer el control migratorio, el Ejecutivo ha promovido una política permisiva. Se busca otorgar visas a más de 150 mil personas que ingresaron ilegalmente únicamente por haber encontrado empleo, sin importar que no respetaron la ley para ingresar a nuestro país ni la falta de autorización para trabajar. Este enfoque equivocado solo incentiva la migración clandestina y envía una señal errónea a quienes evalúan ingresar ilegalmente a Chile.
Desde los despachos en La Moneda se habla de avances, pero en las calles de Iquique o San Antonio la percepción es distinta: más delitos, más inseguridad y una mayor precarización. La falta de control migratorio ha facilitado el crecimiento del crimen organizado y el narcotráfico, afectando tanto a los chilenos como a los migrantes que buscan integrarse de manera legítima.
Llama la atención que la exministra Tohá, quien hasta hace poco defendía la falta de sanciones a empleadores de inmigrantes ilegales, ahora hable de «descontrol» anterior, desmarcándose de su falta de gestión. La izquierda en el poder exige autocrítica a la oposición, pero evade su propia responsabilidad sobre las políticas que defendió hace cinco años, dos años o incluso hace apenas unas semanas.
Chile necesita con urgencia una política migratoria clara y firme, con fronteras seguras, normativas precisas y consecuencias reales para quienes violan la ley. Es momento de reconocer la crisis y tomar medidas concretas para revertirla. (El Líbero)
Álvaro Bellolio
