Un total de 761 Reportes de Operaciones Sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo recibió la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante el primer trimestre de 2015, cifra que representa un aumento de 94,13% respecto de igual período de 2014, cuando los sujetos obligados enviaron 392 reportes de operaciones sospechosas al servicio.
De acuerdo a las estadísticas divulgadas por el organismo, de los 761 reportes recibidos entre enero y marzo de este año, 248 fueron enviados por las AFP, 162 por los bancos, 150 por las empresas de transferencia de dinero, 48 por las emisoras de tarjetas de crédito y 37 por los corredores de bolsa de valores. Más atrás se ubicaron los casinos de juego (con 34), las casas de cambio (23), las cooperativas de ahorro y crédito (17) y los notarios (12).
«Con la discusión, publicación y difusión de las modificaciones introducidas este año a la Ley N°19.913, creemos que los sujetos obligados han relevado la importancia de reportar operaciones sospechosas. Y es que con la recepción de Reportes de Operaciones Sospechosas, la UAF puede realizar inteligencia financiera y detectar señales indiciarias de LA/FT, que posteriormente son informadas a la Fiscalía», dijo el director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino.
Agregó que «con el debido conocimiento de las señales de alerta y la implementación de sistemas preventivos, los sujetos obligados nos ayudarán a detectar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo de manera oportuna y, con ello, elevar la probidad y transparencia en las transacciones que realicen los sectores público y privado».
Al 31 de marzo de 2015, se encuentran inscritas en el Registro de la UAF 5.640 personas naturales y jurídicas. Dos de ellas son instituciones públicas, conforme lo establece el nuevo inciso sexto del artículo 3° de la Ley N° 19.913, que entró en vigencia el 18 de febrero pasado, que obliga a «las superintendencias y demás servicios y órganos públicos señalados en el inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases General de la Administración del Estado, a informar sobre operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus funciones». En marzo de 2014, las entidades supervisadas por la UAF llegaban a 5.021.
De los 5.640 sujetos obligados a reportar, 2.371 son usuarios de zonas francas, 1.037 corredores de propiedades, 478 empresas de gestión inmobiliaria, 346 notarios, 280 agentes de aduana, 262 casas de cambio y 243 casas de remate y martillo.
En el análisis por regiones, la Metropolitana concentra el 38,53% del total de sujetos obligados (con 2.173 personas naturales o jurídicas inscritas), mientras que la Región de Tarapacá, el 31,65% (1.785); la de Valparaíso, el 7,39% (417); y la de Magallanes y de la Antártica Chilena, el 7,07% (399).
Asimismo, en enero-marzo 2015, la UAF realizó 9 fiscalizaciones en terreno a lo largo del país, 6 de las cuales fueron a corredores de propiedades y 3 a agentes de aduana.
Según las Estadísticas de la UAF, en el primer trimestre se iniciaron 40 procesos sancionatorios: 14 corresponden a usuarios de zona franca, 10 a empresas de gestión inmobiliaria, 6 a agentes de aduana, 4 a casas de cambio, 3 a empresas de factoraje, 2 a emisoras de tarjetas de crédito y 1 a corredor de bolsa de valores.
«Las entidades reguladas están aplicando con mayor conciencia las barreras antilavado, y están aumentando los niveles de cumplimiento de la normativa, sobre todo en lo que a envío de Reportes de Operaciones en Efectivo se refiere. Esto, debido a que han internalizado que es la única manera de protegerse de ser utilizadas para la comisión de delitos», explicó el director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino.
