La presidenta Michelle Bachelet presentó ayer su cuenta anual, en que cubrió una amplia gama de materias. Destacaremos acá aquellas partes que nos parecieron más positivas, como también aquellas más débiles, o francamente condenables. Fue un discurso sin sorpresas y sin grandes anuncios, que evitó el populismo (excepto por uno que otro brote), que tuvo el esperado énfasis estatista, y que evitó tomar una posición clara y precisa con respecto al proceso constitucional.
La cuenta tuvo un sabor absolutamente coherente con el reciente cambio de gabinete, en que -sin abandonar el programa de reformas del gobierno- Bachelet llamó, por la vía del diálogo, a buscar amplios acuerdos que le den a esas reformas una base más firme que aquellas realizadas hasta ahora. En ese sentido, su discurso de cambio de actitud de gobierno pareció sincero, porque reconoció fallas en el actuar pasado y reiteró que su objetivo de gobierno es contribuir a un Chile más inclusivo, más justo y menos desigual. En la misma línea, y muy positivo, es que recalcó que el crecimiento económico es una condición necesaria para lograr el anhelado desarrollo social.
Una debilidad de la cuenta fue -considerando la revuelta situación socioeconómica y política del país- la ausencia de un diagnóstico convincente y bien desarrollado de los dos o tres problemas fundamentales de Chile, y la falta de medidas específicas para resolverlos. Fue más bien una majamama de medidas puntuales -ya tomadas y por tomar- para dar cuenta de los cuestionamientos implícitos en las diferentes encuestas de opinión pública.
En materia de fondo es incuestionable el énfasis estatista de una buena parte de las medidas anunciadas; por ejemplo, varios serán los nuevos ministerios y subsecretarías que se crearán -una verdadera fiesta-,ampliando el gasto fiscal y aumentando la complejidad de un Estado que ya peca de enormes deficiencias.
En materia de energía se pretende volver al Estado empresario. Finalmente, otras medidas -sobre todo en educación y en beneficios para pensionados- comprometen nuevos e ingentes recursos públicos a futuro, anticipando un significativo incremento del gasto fiscal en relación al PIB.
En lo inmediato, lo más objetable de la cuenta es que no despejó las dudas en materia constitucional. Es cierto que Bachelet señaló que desea que el proceso hacia una nueva Constitución se legitime con la participación social en la redacción de la misma y que ese nuevo documento sea aprobado por intermedio de los mecanismos institucionales pertinentes. Sin embargo, ¿será ese marco -más bien vago y que cada uno puede interpretar a su modo-, suficiente para despejar la falta de confianza que tienen los empresarios en el rumbo institucional del país? Lo dudo, y mientras subsista la actual desconfianza, la inversión y el crecimiento económico no se reactivarán. Y a pesar de las buenas intenciones de la Presidenta, una buena parte del ambicioso programa social del gobierno terminará siendo letra muerta.
