El rechazo de un grupo de vecinos del Parque Forestal a las obras de la Línea 7 del metro es, posiblemente, la cara más elocuente de la tensión entre participación ciudadana y bien común. Aunque el proyecto no incluye una estación en el parque, los vecinos argumentan que los trabajos lo convertirían en “una zona de sacrificio”. Con apoyo de la alcaldesa de Santiago y unos diputados, los reclamos buscan revocar los permisos aprobados unánimemente por el Sistema de Evaluación Ambiental.
Esta situación no es nueva. Son numerosos los casos de iniciativas con impacto ambiental —como construcción de embalses u otras obras de infraestructura— donde las comunidades organizadas buscan modificar o paralizar proyectos de inversión que podrían afectarlas. En otro ámbito, baste ver los reclamos de vecinos de Las Condes ante el anuncio del exalcalde Lavín para la construcción de viviendas sociales en sus barrios.
La tensión entre bien común e interés de la comunidad local es natural, y no necesariamente negativa. Sin embargo, hay que reconocer que, aunque muchas veces los vecinos se vistan con ropajes de bien común, están simplemente defendiendo sus intereses particulares. Al fin y al cabo, todos queremos obras de infraestructura pública, pero a una sana distancia de nuestras propiedades.
¿Cómo zanjar esta disputa? La demanda por mayor participación de las comunidades debe ampliar un espacio, pero sin que ello lleve a privilegiar los intereses particulares por sobre los generales. Para ello, es clave el diseño de una institucionalidad que escuche y permita la participación, pero que finalmente tenga la capacidad de zanjar con orientación al bien común. Cuando autoridades hacen eco del reclamo particular, pasando a llevar la institucionalidad, hacen de la legítima participación una fuente de injusticia.
Este debate cobra particular interés con la dramática sequía que nos aqueja. Es urgente el desarrollo de obras de infraestructura para mitigar sus efectos, como por ejemplo un plan agresivo de desalinización de agua. Los privados pueden aportar financiamiento y tecnología, pero el Estado tiene un rol central que cumplir, que va más allá de reglas sobre la propiedad de los recursos, aspectos medioambientales o sobre la expropiación de terrenos. El Estado debe perfeccionar la institucionalidad para promover la participación de las comunidades involucradas, pero sin que ello les otorgue un veto.
Hay compensaciones a ciertas comunidades que se justifican, pero en muchos otros casos no son sino privilegios a grupos particulares que gritan más fuerte. La institucionalidad no debe validarlos. (El Mercurio)
Sebastián Claro
