El avance hacia la cobertura universal en salud ha sido significativo en Chile. Sin embargo, todavía una parte sustantiva de los costos deben ser asumidos por las personas directamente como gasto de bolsillo. Es decir, no sujeto en forma adecuada por ningún seguro público o privado. Este gasto directo es regresivo, por cuanto mientras menos ingresos y más edad tiene una familia, es mayor la proporción que debe dedicar cada mes a financiar su salud. El problema solo crece, a medida que las enfermedades más frecuentes hoy son crónicas. Una vez diagnosticadas suelen requerir medicamentos para toda la vida. Es el caso de la diabetes, la presión arterial elevada, la depresión, la obesidad, y el cáncer. Es precisamente en la cobertura de remedios donde existe el mayor costo para cada persona. La mitad del gasto de bolsillo, que merma el presupuesto de quienes menos tienen, es en fármacos.
Diversos gobiernos han buscado maneras de aminorar este perjuicio, estableciendo entrega gratuita de remedios en la Atención Primaria, recursos que a veces se dilapidan y la persona enferma se encuentra con que se le entrega una porción o nada de lo que está indicado, teniendo derecho; o incluyendo en la mitad de las 87 enfermedades cubiertas por el AUGE canastas de medicamentos asociadas, pero con una declaración de estas enfermedades que no alcanza al 20%, con ello, no se activa el beneficio; o insistiendo que quienes prescriben no tengan incentivos para recetar los productos más caros.
Un avance significativo fue la Ley de Fármacos que consagró la vigencia de la bioequivalencia para sustituir medicamentos de marca con precio elevado por genéricos de calidad certificada a menor precio. Sin embargo, la Ley de Fármacos II, que permitiría avanzar aún más en el beneficio de los pacientes, duerme en el Congreso sin tramitarse por más de un año, y sin que se explique cuál es la influencia que permite este retraso.
La Ley Cenabast, que faculta a la Central de Abastecimiento para negociar precios radicalmente más bajos en beneficio de las personas, ha sido también un avance trascendente. Asociado a esta ventaja, apareció la iniciativa de las “farmacias populares”, a la que adhirió la mayoría de los municipios del país, bajo diferentes denominaciones. La idea, genial, es que, utilizando el poder de compra de la Central, se pueda contar con productos que cuesten al beneficiario entre un 10 al 20% del precio de las farmacias, para los mismos compuestos. Desafortunadamente, esta iniciativa tuvo una administración lamentable, politizada, generando líneas de negocios paralelos, o la intermediación de productos sin relación con Cenabast o directamente, sin valor terapéutico. Resultado: quebraron y se desprestigiaron. El daño al partido de los enfermos es inconmensurable.
Es urgente que la comisión mixta que debe sancionar la buena nueva Ley de Fármacos sesione y la despache, y podría considerarse la posibilidad que se incluyera una indicación adecuada para regular el funcionamiento de las farmacias comunales, pensando siempre en quienes son más vulnerables. (La Tercera)
Jaime Mañalich
