Me dio alegría —y nostalgia— esa foto en los diarios el martes en que aparecían juntos en Chile Ricardo Lagos y Felipe González. Nostalgia por esos días en que ellos, junto a Clinton y Blair, forjaban una izquierda moderna, abierta a las complejidades reales de la sociedad. Una izquierda que les dio paz, progreso y prosperidad a sus países.
En Chile esa izquierda empezó a derrumbarse en 2014, cuando el PC entró a un gobierno que en poco tiempo les propinó duros golpes al sistema político, a la inversión y a la educación, haciendo que Chile casi dejara de crecer. Mientras tanto brotaban partidos juveniles que se mofaban de los socialistas, y estos, en vez de defenderse, se arrodillaban. En 2017, se dieron un golpe autodestructivo adicional optando por Guillier en vez de Lagos.
El país empezó a recuperarse con Sebastián Piñera, pero para la izquierda radicalizada eso era intolerable y se dio el estallido. Procuraron nada menos que derrocar al Presidente desde la calle, a lo bolchevique. Nada más fascinante para el crimen organizado, que antes veía a Chile como un país serio en que era mejor no meterse demasiado. Vieron que las fuerzas de orden no solo estaban sobrepasadas; eran vilipendiadas por amplios sectores de la clase política, incluidos los que ahora gobiernan. Veían además que en Chile no había servicios de inteligencia adecuados, de modo que no teníamos idea de lo que nos estaba pasando. ¡Inmejorable oportunidad! Para ellos y para países como Venezuela, Cuba, Rusia e Irán que nos odiaban por nuestro éxito. Países cuyos gobiernos, admirados por el PC, no tienen empacho en recurrir a mafias criminales como el Tren de Aragua, el grupo Wagner o Hezbollah para cometer atrocidades.
Es así que fuimos llegando a la situación en que estamos hoy: al atroz crimen en Cañete, a pocas semanas del descarado y cruel asesinato de Ronald Ojeda. Es como si las fuerzas del mal, que desde el estallido descubrieron que éramos una presa fácil, quieran ahora exhibir su impunidad con ostentación.
En este contexto, fueron oportunas las visitas la semana pasada de dos personalidades que mucho saben de esas fuerzas del mal: Iván Duque, expresidente de Colombia, invitado por La Otra Mirada, y Patricia Bullrich, la aguerrida ministra de Seguridad argentina. Ambos participaron en la Enade en un panel con Carolina Tohá.
Bullrich hizo una descarnada descripción de las actividades de Hezbollah en nuestra región. Duque nos contó de su lucha contra el crimen en un país donde hace tiempo se forjó una alianza entre la extrema izquierda (FARC y ELN) y los narcos. Según Duque, la lucha requiere una férrea unión de todas las fuerzas armadas y de inteligencia, bajo el comando único del Presidente. Tohá mientras tanto habló de las leyes, como la de las RUF, que se debaten en el Congreso. Entendiblemente no reaccionó a la idea de que la lucha fuera comandada por el Presidente, dado el que tenemos.
Duque habrá pensado que era muy nuestro creer que todo se soluciona con más leyes. Eso que incluso hay mucha duda en cuanto a la eficacia de las RUF propuestas. Es cierto que las FF.AA. ya no tendrán que preguntarle al reo a qué género o etnia prefiere pertenecer. Pero a toda vista las RUF no les dan la protección jurídica que necesitan.
La solución a nuestro violento desorden tiene que darse bajo el imperio de la ley. Una solución tipo Bukele no puede no terminar mal. Pero la seguridad jurídica la necesitan no solo los reos. La necesitan las FF.AA. No sirve que alcaldes les pidan ayuda sin garantizarles a ellos también el derecho humano a no ser después vilmente deshonrados. Para qué hablar si los alcaldes que se lo piden eran antes los primeros en querer enjuiciarlos.
La izquierda radical, tan lejana a la de Lagos y González, ha sido una importante causa de la dura encrucijada de anomia y violencia en que nos encontramos. Es tiempo de que nos responda. (El Mercurio)
David Gallagher
