Destacar, en primer lugar, que quienes se identifican como abogado o abogada, lo hacen a través de un noble título —prototipo de hombres y mujeres de acción— que en su inmensa mayoría luchan a contracorriente al servicio de la palabra escrita y oral por la que transita nuestra actividad cotidiana.
Episodios de conductas anómalas o deformadas que salpican a algunos abogados nos presentan como modelos de gladiadores teatrales, inventores de litigios, embriagados por la avidez, lo que marca una distancia entre la idea de que dibujamos con dignidad y la realidad desfigurada con la que convivimos, la que, afortunadamente, está lejos de nuestro compromiso de lealtad con la sociedad.
Precisamente es aquí donde se necesita sublimar el esfuerzo y la presencia de un colegio profesional que, sin pretender acaparar, reivindique como trampolín de “buenas prácticas” el papel de “conductor designado” contra las heridas que fermentan estas imágenes.
Considerar como rango numérico que a agosto de 2019 ya hay 2.366 nuevos titulados y que en 2018 hubo 4.171, más los que vendrán egresados del caudal de escuelas de Derecho existentes en el país que aspiran a conquistar este campo —entre laureles y espinas— con un estándar de formación que no siempre es parejo.
La cifra que asomamos solo es una muestra perseverante que clama por contar con un colegio profesional en una posición de liderazgo valórico e intelectual, capaz de enfrentar temas que son de vigilia permanente y que exigen abordarlos con colaboración y valentía.
Se hace necesario, en primer lugar, debatir acerca del alcance de la colegiatura como condición de habilitación para desenvolverse en la profesión, como sucede en Francia, Estados Unidos y España.
En segundo lugar, difundir a través de los colegios casos y talleres prácticos con los principios deontológicos que la ordenan y que van forjando al letrado, enfatizando los temas de conflicto de interés, secreto profesional, formación de la clientela y relación con el cliente.
Para calibrar el ejercicio colectivo en colaboración con otros, sería bueno que esta misma entidad determine los requisitos donde se pueda acreditar una especialización efectiva, no por una simple atribución que trasunta como “dato” de la comunidad forense (“le pega” a tal o cual materia), sino certificada y asociada por adiestramientos objetivos.
Otro aspecto a considerar es el uso siempre moderado de los medios publicitarios destinados a “enganchar“ clientela con mensajes de campaña sin información de contraste. A ello se añade el riesgo de los “juicios paralelos” por la prensa, que hacen de un juicio una entretención editorial para espectadores o lectores pasivos que van superponiéndose a la labor imparcial e independiente de los jueces.
Asimismo, un aspecto relevante es ahondar en la enseñanza de mecanismos alternativos al litigio que se tramita en los tribunales ordinarios, tales como la mediación y el arbitraje institucional.
Por último, es claro que para ejercer esta profesión se requiere, además de prudencia, templanza y coraje, saber orientar al público que acude a nuestro consejo y sentido común, tanto en su razón como en su sinrazón, y protegerlo ante la adversidad, mostrándole madurez y autodominio. Este discernimiento silencioso forma parte de la experiencia acumulada a través del ejercicio de la profesión, el que solo se aprende caminando.
Quizá estas reflexiones se evaporen al terminar la lectura de esta nota, pero no lo que ellas representan, confiando en que unidos debemos ser capaces de seguir actuando en nuestro tiempo y con nuestra historia, como gentes de pensamiento y, a la vez, como personas de acción, refugiados en la afiliación a un espacio de convergencia colectiva como es el Colegio de Abogados. (El Mercurio)
Arturo Prado Puga
Abogado
