Más de veinte días de paro ilegal de los trabajadores del sector público generaron indignación y enormes perjuicios para la ciudadanía. En medio de la negociación del reajuste, los gremios y agrupaciones de trabajadores hicieron sentir su poder paralizando gran parte de los servicios relevantes para los ciudadanos, incluyendo retiro de basura, atenciones de salud y acceso a una enorme cantidad de trámites relevantes para los ciudadanos y los emprendedores.
¿Tuvo alguna consecuencia dicha paralización ilegal promovida por los dirigentes de los gremios estatales? En la práctica, no. Al igual que en otros episodios pasados, funcionarios con legítimas aspiraciones (mejoras salariales), pero con herramientas fuera de la ley (paro ilegal), desarrollan conductas fuera del Estado de derecho y en la práctica no pasa nada. ¿Por qué el sistema político no se hace cargo de problemas evidentes, en vez de dejarlos pasar?
Por otra parte, el status quo es tan fuerte que nuestro Estado sigue con formas y estructuras muy similares a las que tenía desde mediados de los ochenta, aun cuando la realidad del país ha cambiado enormemente. De hecho, el Estado de entonces tenía como tarea central combatir la pobreza y las necesidades más básicas de los chilenos. Hoy, en cambio, ha sumado a sus tareas como aspecto central la prestación de servicios y atención ciudadana a una gran clase media que demanda calidad en áreas como educación, salud, transporte o seguridad del entorno. ¿Por qué, ante cambios evidentes en la realidad del país, cuesta tanto avanzar en hacer de nuestro Estado una organización más moderna y adecuada a los desafíos del futuro?
El silencio de los liderazgos políticos y el vacío de poder en materia de modernización del Estado generan que otros actores tomen decisiones. Tal vez el ejemplo más concreto es el reciente dictamen Nº85.700 de noviembre del año pasado, emitido por la Contraloría General de la República. Todos sabemos que el sistema de contrataciones de personas en el Estado central no da para más. Las plantas funcionarias quedaron obsoletas, el aumento de personal a contrata y a honorarios ha sido fuera de toda lógica, y sólo en materia de altos directivos se han introducido cambios relevantes como la Alta Dirección Pública. Ante esta realidad, la Contraloría sorprendió al establecer en el mencionado dictamen que los trabajadores a contrata que cumplan ciertos requisitos tienen derecho al concepto de “confianza legítima” para mantenerse en su cargo, salvo acto administrativo fundado emitido dentro de cierto plazo para dar término al contrato.
En la práctica, la Contraloría –ante la ausencia de una adecuación del marco legal vigente- actúa redefiniendo las condiciones y marco regulatorio del personal a contrata en el Estado chileno. ¿Es razonable que sea la Contraloría la que aborde estos temas cuando a todas luces la realidad de los recursos humanos en el Estado pide a gritos una revisión y nuevas definiciones desde la legislación?
En base a estas realidades, dos reflexiones.
En primer lugar, si se observan los cambios más importantes en modernización del Estado en las últimas décadas se observa que éstos han surgido a partir de crisis institucionales que abren “ventanas de oportunidad” para hacer cambios. En algunos casos estas crisis han sido bien aprovechadas, en otros no. La diferencia principal ha sido, a mi juicio, la capacidad de la política y la sociedad civil para consensuar cuáles son las mejores soluciones a los problemas. Cuando existe consenso técnico y político previo, las ventanas de oportunidad han sido aprovechadas. Cuando no existe tal trabajo, la oportunidad suele perderse. La reflexión, entonces, radica en la urgencia de promover más y más iniciativas de diálogo, trabajo y estudio sobre la modernización del Estado y la generación de consensos técnicos sobre los futuros cambios.
En segundo lugar, cuando las tareas son complejas –como lo es la modernización del Estado y el enfrentar a gremios poderosos y con intereses articulados- se requiere un liderazgo fuerte y decidido. Ya han sido varios los años y los Gobiernos que no han asumido un liderazgo así. O el Presidente de la República de turno y su equipo de ministros asumen el liderazgo de verdad y están dispuestos a enfrentar los costos que significa modernizar el Estado de verdad, o seguiremos a un ritmo lento observando su deterioro y la imposibilidad de hacerse cargo de los enormes desafíos que tenemos como país, hoy y en las próximas décadas. (El Líbero)
Ernesto Silva, diputado UDI
