La derecha perdió en el Congreso Nacional el proyecto de ley sobre aborto en tres causales y, de inmediato, anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) para anular lo obrado en el Parlamento, después de un larguísimo debate en el país. Es evidente su objetivo autoritario: imponer en temas valóricos las convicciones propias a los demás, usando para ello al Estado, ese es un rasgo distintivo del integrismo que anima su voluntad de poder.
Ese sector, con rebuscadas excusas, pretende obligar al Estado a imponer una decisión que les corresponde a la mujer y su familia. Al contrario, respetar el raciocinio diferente, asumir que la opinión de cada uno conlleva una parte de la verdad, pero no la verdad absoluta, es lo que distingue la diversidad.
Se trata de conceptos opuestos. El integrismo nutre la intolerancia; la diversidad es propia del pluralismo. En efecto, una mujer puede cancelar toda posibilidad, en cualquier circunstancia, de practicarse un aborto y, sin embargo, aceptar que otra mujer pueda hacerlo; en ese punto de vista, no corresponde que el Estado decida sino que la conciencia de cada cual, es decir, que no se debe usar al Estado para imponer concepciones religiosas o de conciencia.
Esa es la línea, el parteaguas que separa la tolerancia, la libertad de opción y de conciencia, de su contrario, el fanatismo, la intolerancia y el conservadurismo integrista.
En este proyecto de ley sobre el aborto en tres causales, se trata de respetar a la mujer, de interrumpir un embarazo si está en peligro su vida y si sobrevivir es inviable fuera del vientre materno, o en caso de violación. La ley no obliga al Estado a prohibir ni castigar, le evita imponer determinada conducta, al establecer que la persona es quien decide al producirse tales causales.
El integrismo conservador hace gala de una fuerte soberbia, no se detiene al estigmatizar al que piensa distinto afirmando que no se repara un mal causando otro peor, descalificando a la mujer cuya vida peligra o que no quiere vivir la pesadilla del drama de la inviabilidad fetal o de un embarazo producto de la brutalidad de una violación, es decir, de una situación no deseada ni buscada en que una mujer, una joven o incluso niñas violadas, se ven ante una situación sumamente difícil.
Ante ello, el integrismo ejecuta la prohibición al Estado y el Derecho se ve bajo interdicción. El mecanismo es simple: lo que racionalmente no se puede impedir, se hace a través del Estado. Lo más paradójico son los neoliberales, los mismos que en todo orden de cosas denigran al Estado y hacen apología del mercado. Para educar a los niños, los privados; pero, para imponer un embarazo con una criatura que morirá al nacer, recurren al Estado, para coartar y decidir en reemplazo de la mujer y su familia.
En la vida personal más profunda mandan a resolver al Estado. En lo demás, el mercado. En los hechos es una amarga burla. Por eso, el sistema político se distancia de las personas, que no creen ni confían en la función laica, de apoyo y no imposición del Estado en temas de conciencia, por el doble estándar del «discurso» de quienes tienen el poder de decidir.
Los conservadores e iluminados que prohíben a los demás lo que ellos pueden hacer, gracias a la fortaleza del dinero y los privilegios del poder, son aquellos casos de personas que se sienten por encima de los demás, que, al creerse dueños de la verdad, niegan la diversidad y desprecian a quienes piensan diferente. Por eso, les dicen «iluminados», pero no alumbran el camino, lo oscurecen. (El Mostrador)
Camilo Escalona
