Fue el 20 de junio de 2012 que el fiscal nacional de ese entonces, Sabas Chahuán, se reunió con la diputada Alejandra Sepúlveda (Ind). La parlamentaria denunció un eventual lucro de siete universidades, luego que la comisión investigadora del financiamiento de los planteles de la educación superior de la Cámara advirtiera diversas irregularidades de las casas de estudio en la obtención de utilidades. Chahuán designó como persecutor a Carlos Gajardo para tomar el caso, que luego de tres años de indagatorias llegaría a su fin durante el primer semestre.
El informe que originó la arista penal señalaba que diversos planteles privados obtenían ganancias mediante la triangulación de dineros con empresas de su propiedad. “Las universidades por ley deben constituirse como corporaciones privadas sin fines de lucro, sin embargo la mayoría de las universidades privadas vulneran la ley retirando sus excedentes mediante sociedades espejos de inversión, sociedades coligadas o empresas inmobiliarias que prestan servicios educacionales o arriendan las propiedades a las universidades”, consignaban los diputados en una de las conclusiones del informe.
A medida que avanzó la investigación, las casas de estudio involucradas aumentaron a doce (ver recuadro). “La fiscalía intenta avanzar en los casos lo más rápido posible, entendiendo lo difícil que es acreditar la ocurrencia de los delito”, señaló en 2013 el fiscal Gajardo.
De acuerdo a fuentes del Ministerio Público, durante el primer semestre la Fiscalía Oriente definirá los pasos a seguir en la causa, los cuales podrían ser el sobreseimiento o el archivo provisional.
Tras una serie de peritajes, que incluyó un informe de la Policía de Investigaciones, según fuentes del Ministerio Público se acreditó ciertos traspasos “de dinero universidades a sus empresas inmobiliarias”. A pesar de esto, los investigadores se verían imposibilitados de seguir adelante con las pesquisas, pues el lucro no está tipificado como delito en la legislación chilena.
El eventual cierre del caso fue criticado por los parlamentarios miembros de la llamada Comisión Lucro de la Cámara. Rodrigo González (PPD) señaló que “me parece una burla, una estafa a la fe pública y creo que debería buscarse por todos los medios una fórmula legal que permitiera sancionar una conducta que ha generado un daño enorme a miles de familias”. González, junto a otros diputados, presentó un proyecto de ley para tipificar este delito en septiembre de 2013, sin embargo, continúa en primer trámite constitucional. “El gobierno debe darle suma urgencia a esta iniciativa”, agregó.
Uno de los primeros casos que la fiscalía paralizó a través del archivo provisional, el 13 de marzo de 2015, fue el que vinculaba a la Universidad Autónoma, encabeza da por el ex ministro de Justicia del gobierno de Sebastián Piñera, Teodoro Ribera. “Luego de haber entregado todos los antecedentes al ente investigador se archivó. Este plantel tuvo la mejor disposición de entregar toda la información solicitada por la fiscalía”, señaló Ribera.
Por su parte, el abogado de Héctor Zúñiga, ex rector de la Universidad del Mar, quien también fuera investigado en el caso CNA, Juan Carlos Manríquez, coincidió con el criterio de la fiscalía en el caso de no continuar esta investigación por indagar un hecho que no está tipificado como delito.
“No existe una figura especial que describa y sancione conductas que sean descritas o se hayan intentado señalar como posibles delitos de lucro. Se podría proponer un archivo, pero algunas de las defensas también podrían solicitar una decisión más sustantiva como la suspensión del definitiva del procedimiento”, dijo.
En tanto, el penalista Cristián Riego, señaló que “es correcto no continuar con una investigación donde el hecho perseguido no es delito, sí suena raro que si sabían desde un principio que el hecho que estaban investigando no era delito, para qué la iniciaron”.
Actualmente, el caso CNA también sigue abierto y este año se debe definir la preparación de juicio oral en contra de los acusados.
