A un año y medio de la filtración de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) de Historia, la Fiscalía Metropolitana Oriente, luego de realizar distintas diligencias, decidió no seguir adelante con la investigación por los delitos de cohecho, violación de secreto e infidelidad de custodia.
No fue posible reunir «antecedentes suficientes para fundar una acusación», consigna el escrito ingresado en el 8º Juzgado de Garantía de Santiago en los últimos días.
La difusión de fotografías, mediante la red social Twitter, obligó a suspender la aplicación de la forma de Historia filtrada y dejar a más de 202 mil alumnos sin esa evaluación, con el consecuente recálculo de puntaje. Ese día había estado marcado por manifestaciones en las afueras de distintos establecimientos donde se rendía la PSU.
El tribunal fijó para el próximo 20 de agosto una audiencia, en ella el fiscal Felipe Sepúlveda, quien dirigió la indagatoria, informaría el cierre y decisión de no perseverar en la causa.
La denuncia del Demre, más una querella del CDE Cuando ocurrió la filtración el año pasado, el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre), alertado de las publicaciones en redes sociales, presentó una denuncia penal y luego, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló.
La acción de este último fue «contra todos quienes resulten responsables» del delito de «revelación de secretos con grave daño a la causa pública (…), así como respecto de otros ilícitos que puedan establecerse en el curso de la investigación».
Según lo descrito en la querella: «El día 7 de enero de 2020, aproximadamente a las 13:30 hrs. DEMRE fue informado que a través de la red social Twitter, se publicaron imágenes de la prueba de Historia —forma 124, el cual enumera el modelo de prueba— proveniente de la cuenta de Twitter @Vanessa Scar, la que fue posteriormente eliminada del portal, como asimismo de la cuenta @Redimido23 y @Isipgh16, aún vigentes» en esa época.
PUBLICARON, PERO NO TOMARON LAS FOTOGRAFÍAS
Una de las dificultades de la investigación resultó de un hecho descrito en la misma acción. «Las páginas publicadas, y dadas a conocer, no contenían el folio de la respectiva forma 124, lo que hubiese permitido identificar el local desde el cual se reveló el contenido de esta prueba«, se lee en el documento.
Entre las primeras diligencias realizadas por el Ministerio Público estuvo la solicitud de ayuda a Estados Unidos para identificar a los usuarios de las redes sociales —principalmente Twitter— que difundieron las fotos del facsímil. Posteriormente, prestaron declaración en calidad de testigos algunas de las personas que habían hecho las publicaciones.
Los interrogados, aunque reconocieron que difundieron las imágenes, afirmaron que ellos no las habían captado, sino que solo las difundieron. La clave para avanzar en la causa era justamente dar con los autores de las fotografías. (Emol)
