En cualquier democracia sólida, una autoridad que, como el contralor Jorge Bermúdez, promueve fórmulas que atentan en contra del régimen perdería su cargo. Pero no en Chile, donde Bermúdez, en un intento por colaborar con la Convención Constituyente, hizo la insólita propuesta de saltarse al Poder Legislativo, concentrando en el Ejecutivo la facultad de implementar la nueva Carta Magna a través de decretos. En sus palabras: “Respecto de la administración del Estado podría explorarse la dictación y la habilitación al Presidente de la República, es decir, al Ejecutivo para que dicte decretos con fuerza de ley adecuatorios, los DFLA, como una especie de normativa nueva que, a lo mejor, podría ayudar en ese período”. En síntesis, la propuesta es transformar al joven e inexperto Presidente Boric en un tirano todopoderoso y, con ello, barrer toda previsible resistencia a la imposición de un programa de gobierno elevado a rango constitucional.
La analogía con el Triángulo de las Bermudas refiere a la colaboración del contralor a las dinámicas del proceso revolucionario que, en caso de profundizarse, provocarán el naufragio de la República, la democracia representativa y las libertades básicas.
No cabe duda de que la idea de anular la división de poderes del Estado y entregarle al Ejecutivo la potestad de hacer las transformaciones radicales que el proyecto de Nueva Constitución (NC) ofrece es una forma de saltarse a un Senado desleal y a una Cámara de Diputados compuesta por una variopinta mayoría de demócratas. En otras palabras, la propuesta de Bermúdez no solo deja la cancha libre a la consolidación de la revolución, sino que le provee de una institucionalidad que es funcional al éxito de su implementación en la medida que legitima un marco que anula toda crítica. ¡Por supuesto que el ministro Jackson estaba feliz! “Si también nos apoyaran desde el Poder Judicial, estaríamos en el paraíso”, tiene que haber pensado desde la Secretaría General de Gobierno. ¿Debiera sorprendernos la propuesta del contralor?
Si analizamos la misteriosa constelación de acontecimientos que amenaza con hundir al país desde el 18-O, Bermúdez ha sido coherente en su contribución a las fuerzas centrípetas que desintegraron la legitimidad institucional. Me explico. Al Presidente Piñera se le acusa de haber transformado un problema de orden público en una crisis institucional. Según dicen algunos de sus críticos, bastaba con haber bajado el valor del boleto de metro y, en lugar de irse a comer pizza, haber contenido el caos con voluntad política. Claramente, la primera medida habría descomprimido la olla de malestar y podría haber calmado los ánimos del millón de personas que se manifestó harta de tanto abuso y de la farsa de los “tiempos mejores”. La verdad es que, con un Congreso en contra, ninguna de las medidas propuestas por el gobierno para remediar el descalabro económico, controlar la inmigración o avanzar en la penalización de los delitos del narcoterrorismo, vieron la luz. Pero eso a la gente no le interesa. Ciertamente, si gana el Rechazo es fundamental que las reformas al sistema político ayuden a evitar la nefasta cohabitación que socavó al gobierno pasado.
Sobre el precio de los pasajes no creo que la reducción de su costo hubiese cambiado el escenario drásticamente, sobre todo si se tienen a la vista el ánimo de desmantelamiento institucional y de protesta inflamados con los retiros de las AFP y el vapuleo mediático. El protagonismo de los jóvenes dejó en evidencia niveles de adoctrinamiento e ideologización que no parecen ser reversibles. Ellos son el fruto de la captura de la educación que termina por consolidarse con la NC, cuyo emblema es el Instituto Nacional. En otras palabras, la crisis política es mucho más profunda de lo que algunos desde sus veredas ideológicas o su zona de confort están dispuestos a reconocer: se trata de una generación completa a la cual se le ha educado para ser funcional al desmantelamiento del modelo económico y político que posicionaba a Chile como la excepción del continente.
Hacernos cargo de la segunda parte de la crítica exige analizar el binomio orden público y voluntad política donde nos encontramos con otro de los vértices del triángulo de Bermúdez. ¿Recuerda usted sus declaraciones afirmando que en Chile “claramente sí se violaron los Derechos Humanos”? Pues bien, si en algo la crítica al ex Presidente es acertada, es en que, si se hubiese controlado la calle y seguido -por citar un caso reciente- el ejemplo de EE.UU., el proceso de desmantelamiento institucional hubiese quedado trunco. Pero las dinámicas centrífugas impresas en el ambiente social por parte de diversas entidades como el Instituto Nacional de DD.HH, la Comisión Interamericana de los DD.HH y el representante del Alto Comisionado para los DD.HH, dinamitaron la voluntad política, fundamental para el éxito en las gestiones de control de orden público.
Hemos dejado al descubierto dos de los tres vértices del triángulo de Bermúdez, el contralor que propuso la suspensión de la democracia y que colaboró con el avance del proceso revolucionario en la legitimación de lo que ha llegado a ser la llave maestra para la desestabilización de los gobiernos democráticamente elegidos: un uso torcido de la denuncia de violación de los DD.HH. ante cualquier intento de la autoridad por conservar y hacer uso del monopolio de la coerción.
Nos queda por abordar el tercer vértice del triángulo y… qué cree… naturalmente, lo encontramos en la NC, donde a la Contraloría se la faculta con atribuciones que la potencian fuertemente. De hecho, se dice que es el único organismo que en lugar de sufrir depredación fue fortalecido. El artículo reza: “La Contraloría General de la República funcionará desconcentradamente en cada una de las regiones del país mediante Contralorías Regionales. La dirección de cada contraloría regional estará a cargo de una o un Contralor Regional, designado por la o el Contralor General de la República.” Saque sus conclusiones. (El Líbero)
Vanessa Kaiser
