“Sesión declarada secreta”. Con esta advertencia comenzó el lunes a las 13:00 horas, en el Edificio Bicentenario del Ejército, una sesión especial de la Comisión de Defensa Nacional del Senado para “considerar la situación institucional” de la entidad castrense. En la oportunidad, cuyo tenor es reservado, diversas fuentes confirmaron a La Tercera PM que también se abordó una situación que particularmente preocupa a esta rama de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).
Por estos días en el Ejército existe cierta incomodidad con el anuncio del gobierno de disponer de las FF.AA. en las carreteras de la Macrozona Sur para contener el aumento de la violencia rural en la zona. La idea del Ejecutivo es el envío de un proyecto de ley que crea el “estado de protección y resguardo constitucional” y así, según una minuta de Palacio enviada a los parlamentarios “contar con herramientas para la protección y aseguramiento de las vías esenciales”.
La idea no fue bien recibida entre las filas del Ejército y, según advirtieron fuentes militares, no por “capricho” u otra cosa, sino porque, enfatizan, no cuentan “ni con la espalda jurídica, ni política” para poder desplegarse en un escenario de orden público. Así lo hicieron ver al Ministerio de Defensa y a los senadores que participaron de la comisión.
Entre las aprensiones del Ejército con la iniciativa del gobierno hay también puntos operativos que no están zanjados. Al interior de las Fuerzas Armadas explican que en la idea de un “estado intermedio” –tal como está redactado en borradores y minutas confeccionadas por La Moneda- no se especifica si los efectivos podrían o no actuar, por ejemplo, ante un hecho violento que suceda a 100 metros de donde estén desplegados, cosa que, según estas mismas fuentes, “suele suceder en esa zona”.
Otro reparo tiene que ver con lo que han planteado desde el Partido Comunista (PC). El senador Daniel Núñez manifestó la posibilidad de que los militares que resguarden las rutas y caminos no utilicen armamento de guerra para esas labores y solo tengan a su haber herramientas disuasivas, lo que es descartado de plano por el Ejército, por una sencilla razón: “No tenemos bastones, lacrimógenas, ni carros que lancen agua, tenemos fusiles, armamento convencional”.
La historia parece repetirse y todas aquellas preocupaciones que manifestó el ex comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, sobre el rol que tendrían ellos en las calles realizando labores de seguridad tras el estallido social, volvieron a reflotar en el seno de la institución castrense.
En cuanto a no tener una “espalda jurídica”, según le manifestaron desde las Fuerzas Armadas al Ministerio de Defensa, ejemplificaron con un caso concreto, ocurrido en La Serena, tras la crisis social que comenzó el 18 de octubre de 2019. El 29 de enero de este año, el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de esa ciudad, condenó a 12 años de presidio al cabo del Ejército, Cristián Care, quien disparó a un ciudadano venezolano que arrancaba de un saqueo en el marco de las protestas del estallido.
A esto se suma -destacan en el organismo- que el capitán a cargo de ese procedimiento también figura como acusado en el caso, por haber dado la orden de disparar. En el Ejército advierten que este caso hace repensar sus participaciones en situaciones de orden público, dado que, creen, ante situaciones confusas en procedimientos de este tipo, “siempre se pondrá en duda el actuar del militar, por un tema de desconfianza”.
En la Comisión de Defensa del Senado, el Ejército estuvo representado por gran parte de su alto mando, incluido el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, quien ha conversado del tema con la ministra de Defensa, Maya Fernández, haciéndole ver que si bien no deliberarán sobre la idea de legislar del gobierno, igual quieren dejar de manifiesto y por escrito lo que piensa de esta idea las autoridades castrenses y también el personal que deberá desempeñar estas labores.
En tanto, el gobierno ya llegó a un acuerdo con el Senado con el objetivo de citar para hoy a las 15:00 horas a la Comisión Mixta que tramitará la moción parlamentaria. Sin embargo, desde el Ejecutivo confirmaron que al no tener aún los votos asegurados para viabilizar la iniciativa esperarán hasta la próxima semana con el propósito de ingresar la propuesta, y así dirimir las diferencias entre ambas cámaras en torno al texto original que fue presentado por los senadores Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena de RN.
“Hoy día se constituye la Comisión Mixta, convocada por el Senado a las 15:00 horas. Ahí vamos a elegir presidenta o presidente, vamos a acordar días y horarios de funcionamiento y también los invitados e invitadas, particularmente ministros y ministras”, explicó el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, Matías Walker (DC).
Al ser esta una reforma constitucional, La Moneda va a requerir de 3/5 de los votos de ambas corporaciones para ratificar su propuesta. Hasta el cierre de esta edición habían dudas de si el gobierno cuenta con este apoyo, tanto al interior del oficialismo como también en sectores de la oposición.
De hecho, los autores de la moción han planteado que sólo apoyarán una propuesta del Ejecutivo en caso de que se mantenga el espíritu del proyecto original de “infraestructura crítica”, mientras que en sectores como la DC ingresarían propuestas para ampliar las categorías contempladas bajo ese criterio, ya no tan sólo a rutas, como pretende La Moneda, sino también a centros de salud, abastecimiento de combustibles y otros.
El senador Kenneth Pugh (RN) manifestó que “la moción lo que busca es darle facultades al presidente para que disponga de una fuerza militar que prevenga un ataque a la infraestructura crítica. Cuáles son es algo secreto, y el que tiene a cargo de saber es la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), quienes deben preocuparse de levantar esta infraestructura y saber si hay indicios de ataque. Por lo tanto, con un informe de la ANI el Presidente dice, ‘bueno, me van a bloquear o hacer algo’ y dispone el empleó de fuerzas militares, previniendo un ataque y así disuadir, no a balazos, sino actuando por su mera presencia en el lugar. Ahora, si esos individuos los atacan, entonces se aplicaría la legítima defensa”.
En esa sentido, critica el parlamentario, “lo que pretende hacer el gobierno es una cosa absurda, porque hacen despliegues después que ocurren los hechos, y ahí las Fuerzas Armadas salen a hacer ¿qué? No se entiende. Son dos proyectos de distinta naturaleza que se quieren confundir”.
En el Frente Amplio, a su vez, han propuesto que además del control civil, el personal de FF.AA. opere bajo la fiscalización de veedores internacionales, situación que también “llama la atención”, en el Ejército y las Fuerzas Armadas. Dicen que no están claras las delimitaciones, ni del Jefe de la Defensa, ni de la autoridad civil y que eso es también algo que les preocupa y ocupa. (La Tercera)
