Las cuentas de la luz siguen pesando en el sector energético. En medio de las alzas que se esperaban para octubre, el gobierno sacó adelante una ley que estabilizó las tarifas con cargo al segmento de generación, que representa 70,5% de lo que cancela mensualmente un cliente, a lo que sumaron los cambios en los costos de distribución por la ley que baja la rentabilidad, lo que permitió neutralizar el otro 20% de la cuenta.
Ahora el Ministerio de Energía mostró sus cartas respecto de cómo abordará el tercer componente que influye en las boletas: los cobros por transmisión, que explican en torno al 10% de la cuenta.
Considerando que la próxima modificación de las tarifas de transmisión se realizaría este mes, el gobierno puso el pie en el acelerador para evitar alzas de las cuentas por este componente, encontrando una fórmula para su materialización.
El 26 de diciembre, la Comisión Nacional de Energía (CNE) emitió la Resolución Exenta N° 815 que en la práctica congela los cargos de transmisión actuales, bajo la mirada de adelantar los resultados del Proceso Cuadrienal de Valorización de los Sistemas de Transmisión correspondiente al período 2020-2023, el que se conocería el próximo año.
Al ser consultado, el secretario ejecutivo de la CNE, José Venegas, explicó que el documento mantuvo fijos los cargos de este segmento que estaban vigentes a diciembre de 2019 hasta la publicación del nuevo decreto de valorización de las instalaciones de transmisión correspondientes al cuatrienio 2020-2023.
Esto, porque en ese proceso -que básicamente busca remunerar las instalaciones del sistema- y que está en curso, se espera una rebaja de los cargos por la disminución de la tasa de rentabilidad aplicables a esas tarifas, a raíz de una reforma que se hizo en el gobierno de Michelle Bachelet.
El titular de la CNE señala que la entidad constató primero que “una vez que se aplique a plenitud la ley de transmisión que redujo la tasa de descuento a 7% para esa industria, los cargos de transmisión bajarían a niveles similares a los que se tendrían hoy con los aumentos asociados a nuevas obras”.
“El proceso de valorización de instalaciones que está en curso y que conducirá a recalcular los cargos con el 7% de tasa, estará listo hacia 2021, pero deberá aplicarse retroactivamente desde enero de 2020. Es decir, una vez fijadas las nuevas tarifas habría que reliquidar los montos que hoy se cobran”, agrega.
Venegas asegura que una estimación de ese proceso muestra que las rebajas que allí surgirán son similares a las alzas que hoy cabría introducir por efecto dólar y nuevas obras. “Lo que se ha hecho es adelantar una estimación de esa rebaja y no aplicar alzas que después serán revertidas. Se quiere evitar alzas que sabemos son temporales, mientras no entren en vigencia las nuevas tarifas”, recalca.
Así, la estabilización en la componente de transmisión ya se concretó tras la publicación de la resolución, por lo que está incorporado en la cuenta de la luz.
LA MIRADA DE LA INDUSTRIA
Si bien la industria sabía del análisis del gobierno para hacer este congelamiento, no les fue indiferente que fuera vía resolución, pese a ser la alternativa más expedita para evitar nuevas alzas en las cuentas, derivadas de elementos como las alzas del dólar.
Fuentes del sector comentan que el mecanismo es confuso y que debió ser abordado bajo una ley, como ya lo fue para neutralizar los componentes de generación y distribución. La iniciativa, aunque no puede ser cuestionada ante el Panel de Expertos, sí podría llegar a Contraloría para que evalúe su legalidad. Una firma del sector reconoce que está analizando el tema a nivel jurídico.
Los más afectados son las instalaciones que ya están reguladas y que tienen más de 20 años. En ese grupo Transelec sería la más impactada entre las firmas del sector, al tener las líneas más antiguas.
Consultados por un eventual impacto, el gerente de Operación y Mantenimiento de ISA Interchile, Eduardo Sáez, sostuvo que “como ISA Interchile no nos vemos afectados en lo inmediato por este cambio en las tarifas pues los proyectos que tenemos actualmente en operación son en su mayoría vía licitaciones con tarifas a 20 años”. De todas formas, estimó importante “ser invitados a participar en esta discusión con los reguladores”. (DF)
