No es mi hábito usar un espacio como este para salir al paso de columnas o comentarios que me aluden. Sin embargo, porque leo siempre con interés lo escrito por Daniel Mansuy, me parece pertinente referirme a su columna del domingo pasado: “Mitterrand, Lagos y nosotros”.
En su aproximación histórica, Mansuy subraya que Mitterrand, crítico fuerte de la Constitución de 1958 por el poder excesivo que otorgaba al mandatario de Francia, deja atrás sus críticas al ganar las elecciones en 1981 y con ello legitimó las instituciones francesas y no volvió a cuestionar la Carta Fundamental francesa. Lagos, en cambio, habría logrado reformas relevantes y puso su firma en la Carta Magna en 2005, pero ahora abdicaría de aquel paso que llamó histórico al señalar que la Constitución es ilegítima en su origen. Todo ello reclama clarificaciones.
Lo primero, como Presidente, al mes de estar en el gobierno señalé la urgencia de una reforma profunda a la Constitución. El portazo que entonces recibí de la oposición de derecha fue histórico. ¿Y por qué creía en esa urgencia? Porque veía la contradicción estructural entre un país que buscaba su inserción en el mundo y la carencia de legitimidad democrática expresada en los enclaves autoritarios presentes en la Constitución. Lo que logramos en 2005, tras arduas negociaciones, fue eliminar esos enclaves. Y expresé mi satisfacción mayor por ello; podíamos ahora mirar hacia otro tiempo más democrático. Claro, dije “despunta la primavera”. Porque habíamos dado un paso esencial como país.
Pero también dije: “ninguna Constitución es inamovible y tampoco lo será esta. Puede y debe continuar siendo examinada de acuerdo a las necesidades del país en el futuro. Pienso que en el Chile del siglo XXI no se puede seguir omitiendo el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, sus culturas, etnias y lenguas”. Nunca afirmé que esa Constitución nos permitía llegar a una sociedad con equidad y justicia social. Y eso porque estaba y estoy convencido de que su texto está impregnado de una ideología neoliberal donde el mercado es referente prioritario.
Tras el plebiscito de 1988 lo que encontramos en el gobierno de entonces fue un rechazo total a modificar esos contenidos en la Carta Constitucional, y en ese escenario la Concertación debió avanzar en su afán de construir un nuevo Chile. Allí estaban los Senadores Designados y un sistema electoral binominal donde, como se reflejó en tantos momentos decepcionantes para los ciudadanos, aunque una lista sacara 65% de los votos y la otra 33%, se elegía uno y uno de cada lista para ir al Parlamento. Y, por cierto, allí estaba el Consejo de Seguridad Nacional, con capacidad de autoconvocarse y en el cual los cuatro Comandantes de las FF.AA. y Carabineros (a los cuales el Presidente no podía remover) se colocaban al frente del Presidente de la República, del Presidente del Senado, de la Corte Suprema y del Contralor de la República.
Cada tiempo tiene su orden del día. Aquello fue lo del 2005. ¿Acaso no serían mucho más críticos los momentos actuales si aquellos cambios no se hubieran dado entonces? Es cierto, el sistema binominal siguió vigente y solo se cambió el 2015. Pero, a lo menos, por decirlo así, salió de la Constitución y por eso dije que teníamos una Carta Fundamental que podía pasar un test democrático ante los ojos del mundo.
El desafío tras aquello era otro: hacer que las instituciones del país supieran entender el andar del siglo XXI, nuevas realidades sociales, nuevas demandas. Y en ello he estado desde hace tiempo. Solo como ejemplo, permítame citar lo dicho a otro destacado columnista, Héctor Soto, en entrevista de julio de 2016. Señalé: “La crisis ahora es institucional. No porque las instituciones hayan dejado de funcionar. Lo que pasa es que están perdiendo legitimidad. Y esto tiene que ver con la reacción de la ciudadanía ante la institución presidencial, ante el Parlamento, ante los jueces…, y no hablemos de los partidos políticos. La desconfianza ciudadana está poniendo en entredicho la legitimidad del sistema político”. Lo dije y lo reitero: las instituciones del Estado —no solo del Poder Ejecutivo— han estado constreñidas por una Constitución que no les ha permitido crecer, modificarse y ser actuales ante una sociedad con nuevas aspiraciones y más interconectada con el mundo. El país del 2005 no es el de 2020. Una nueva Constitución implica consolidar un nuevo contrato social para hacer crecer a Chile en todo sentido.
En esa tarea espero dar todo lo que me cabe, como ciudadano del 2020, que asume lo que hemos hecho y lo que nos falta por ser y hacer. (l Mercurio Cartas)
Ricardo Lagos Escobar
Expresidente de la República
