Una nueva ofensiva fiscalizadora iniciaron los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jorge Alessandri y Sergio Bobadilla, tras denunciar presuntas irregularidades en la provisión de cargos de jefatura en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.
Según los parlamentarios, la repartición liderada por el subsecretario Galo Edelstein (PC) busca «amarrar» tres puestos estratégicos mediante concursos públicos que finalizarán apenas dos semanas antes de que el Presidente electo, José Antonio Kast, asuma el mando el próximo 11 de marzo.
La denuncia apunta específicamente a las jefaturas de los departamentos de Políticas Institucionales, Adquisiciones y de Estudios y Análisis. De acuerdo con los antecedentes presentados:
Remuneración: Los tres cargos contemplan un sueldo de $4.275.689.
Plazos: La designación de los ganadores está programada entre el 17 y el 23 de febrero de 2026.
Requisitos: Se exige ser funcionario de planta o a contrata, lo que para la UDI representa una «intención de acomodar a personas vinculadas a la actual administración».
«Aquí hay una maniobra burda del Ejecutivo para capturar el Estado, amarrando cargos estratégicos y blindando a operadores afines», fustigaron los legisladores gremialistas, quienes además oficiaron al Ministerio de Defensa.
CONFIANZA LEGÍTIMA
La polémica se enmarca en la discusión del artículo 14 del protocolo de reajuste al sector público. Dicha norma establece que la no renovación de contratas debe ser un acto administrativo fundado en criterios objetivos, lo que la oposición ha tildado como el «artículo del amarre», al considerar que restringe la facultad de la nueva administración para realizar ajustes de personal.
EJECUTIVO: «NO SON CARGOS DE CONFIANZA»
Mediante una declaración escrita, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas rechazó tajantemente las acusaciones. El organismo aclaró que se trata de cargos de tercer nivel jerárquico, los cuales pertenecen a la carrera funcionaria y no a designaciones de confianza política.
La repartición argumentó que:
Continuidad: Es un proceso habitual en los servicios públicos.
Precedente: En 2022, la actual gestión recibió 14 jefaturas seleccionadas por la administración anterior (Piñera II), ratificando incluso a una de ellas poco antes del cambio de mando.
Legalidad: Los sueldos y requisitos están estrictamente definidos por el DFL 3 y la normativa vigente.
«No corresponde impugnar requisitos que tienen por objetivo el desarrollo de la carrera funcionaria en el Estado», concluyó la institución, defendiendo la validez técnica de los procesos iniciados. (NP-Gemini-Emol)
