Estamos próximos a iniciar el debate de la Ley de Presupuesto, que este año tendrá desafíos adicionales. No solo hacer frente a las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia, sino que hacerse cargo de las prioridades en materia de empleo y reactivación económica, todo ello manteniendo un nivel de gasto equivalente a la expansión que este experimentó en 2020 y en el marco del proceso constituyente.
Dadas las peculiaridades del presupuesto 2021 debiéramos aprovechar la oportunidad de asumir el compromiso de abrir espacios a la ciudadanía en la toma de las decisiones gubernamentales y en la vigilancia del cumplimiento de objetivos socialmente relevantes de las políticas públicas.
La finalidad del gasto público es la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, procurando incrementar su bienestar. De ahí la relevancia no solo de que el gasto público crezca, sino de que contemos con herramientas que permitan aumentar su impacto.
Para ello tenemos experiencias comparadas relevantes como el caso de Nueva Zelandia y su “Presupuesto de Bienestar”, donde tras un amplio proceso de participación ciudadana, se crearon indicadores objetivos (gobernanza, medio ambiente, vivienda, salud, identidad cultural, trabajo, seguridad, ingreso y consumo, uso del tiempo libre, conocimiento y bienestar subjetivo) para medir los impactos que tiene el presupuesto en la calidad de vida de las personas.
Sin duda, la transparencia presupuestaria y la participación ciudadana son elementos clave para generar una mayor confianza en las instituciones, exigencia decisiva de cara al nuevo ciclo que iniciamos.
En este contexto, reiteramos la necesidad de romper la inercia y apostar por introducir innovaciones en la forma de abordar el gasto público. Por eso, exhorto al Ejecutivo a que en este presupuesto recoja la propuesta formulada en el debate del Fondo Covid de constituir una mesa de trabajo integrada por distintos actores (Ejecutivo, Parlamento, sociedad civil, técnicos), que proponga los ejes de una reforma presupuestaria que, sobre la base de más y mejor información, pueda avanzar, entre otros, en definir dimensiones, indicadores de bienestar y metas para el gasto público; reforzar la oficina de análisis presupuestario del Congreso; robustecer y objetivar el sistema de monitoreo y evaluación de los programas; estandarizar los informes financieros.
Los precitados tópicos apuntan, en suma, a que logremos una identificación entre los objetivos presupuestarios y la óptica de las personas usuarias y beneficiarias de los bienes y servicios del Estado, que permita atender de manera más oportuna y suficiente las necesidades de la ciudadanía.
Chile requiere de un plan de desarrollo estratégico que enumere los desafíos más importantes para el país, con metas a nivel sistémico y un horizonte de largo plazo, y con ello concretar la aspiración de una sociedad más inclusiva, medioambientalmente sostenible y con mayor cohesión social.
Ricardo Lagos Weber
Senador de la República
