En estos días se realiza en Chile la “88{+a} Asamblea de Interpol”, instancia que servirá para debatir sobre los grandes retos a los que se enfrenta la policía de todo el planeta. Dicho encuentro, asimismo, debiera ser una instancia en la que se discuta sobre un tema respecto del cual Interpol está recibiendo crecientes cuestionamientos a nivel internacional: el mal uso y abuso del sistema de “alertas rojas”. Este mecanismo, usado originalmente para colaborar en la captura de fugitivos internacionales, hoy está en tela de juicio, básicamente por la falta de transparencia o arbitrariedad en su aplicación.
Esta preocupación ha sido expresada por el Parlamento Europeo, que, en enero de este año, publicó un informe sobre “Uso indebido de las Alertas Rojas de Interpol y su impacto en el desarrollo de los derechos humanos”, cuyas recomendaciones apuntan a la cooperación internacional para garantizar que los procedimientos aplicados por esta sean estrictamente respetuosos de los derechos humanos.
Coincidentemente, también en enero pasado, el Senado de Chile adoptó un acuerdo que aborda específicamente la situación que afecta al ciudadano chileno Carlos Cardoen. En ese acuerdo se respalda su demanda por falta de debido proceso y abuso de la “alerta roja”, en su caso, la que se ha mantenido vigente por más de 26 años. Esta “alerta roja” fue extendida recientemente hasta el año 2024 —con lo que alcanzará a tener vigencia por más de treinta años—, a pesar de la solicitud de extradición por parte de EE.UU. Mantener una “alerta roja”, con lo que esta significa, es arbitrario e ilegal respecto de una persona que está siendo juzgada por tribunales ordinarios chilenos para una eventual extradición. (El Mercurio Cartas)
Luis Valentín Ferrada
Abogado
