La institución de los abogados integrantes no es prioridad de análisis, frente a las múltiples falencias y necesidades de reforma urgente de la judicatura. Es probable que, a la fecha de su creación, los abogados integrantes fueron un buen paliativo frente a la ausencia de ministros. Reconocemos que, hoy, parece inconveniente su subsistencia, no porque se constituyen en “fuentes de poder”, pues es forzoso reconocer que la mayoría de los abogados integrantes que hemos conocido son personas honestas y ejercen responsablemente.
El problema es otro: impartir justicia es, probablemente, una de las funciones más delicadas que un ser humano pueda acometer y ello no puede ser improvisado, ni producto del deseo de hacerlo por un afán social legítimo, ni siquiera, por amor a la justicia.
Ser juez requiere mucho más que eso, requiere de una preparación y una vida dedicada a decir lo justo del caso concreto; no puede ser reemplazado por experiencias extra poder judicial.
Pero, ¿es momento de preocuparse de los abogados integrantes, en circunstancias que existen cuestionamientos importantísimos a la estructura judicial global? ¿No hemos presenciado, hace muy poco, el triste espectáculo que ha dado esa estructura con el fallido nombramiento en la Corte Suprema de una persona de gran valía como la ministra Lusic? ¿No estamos presenciando, ya hace décadas, en los nombramientos de la Corte Suprema, en que intervienen el Ejecutivo y el Legislativo, el “una de pino y una de queso” para graficar que una vez se designa a una persona de ideas más de avanzada o liberal y la siguiente una más conservadora, desplazando los méritos de los que van en la quina?
La crisis es fuerte y golpea a la democracia.
Quién resuelve los problemas diarios de comunidades, vecindarios o barrios: no existen tribunales que los puedan atender. La justicia civil tiene un diseño procesal anquilosado; la escrituración y la lentitud es su norma (tenemos unos tribunales que se han convertido en las cajas cobradoras de la banca y el comercio).
El juez civil no oye a los testigos, las partes y los peritos; recrea la realidad sobre la base de transcripciones -desgraciadamente, las más de las veces- mal hechas por un tercero.
Y la cúspide tampoco está exenta de problemas. Nuestra Corte Suprema y nuestro sistema recursivo requiere transformaciones sustanciales.
Basta leer documentos de la propia Asociación Nacional de Magistrados y sus críticas no referidas, precisamente, a detalles. Por ello, pareciera que es muy importante que no dejemos que, reformas parciales, den la impresión que se están solucionando los problemas del sector justicia. Mientras no haya un acometimiento global puede, incluso, que las reformas parciales profundicen la crisis.
La Tercera
