Desde el 26 de marzo -hace 41 días- que las operaciones en el Puerto de Coronel, ubicado en la comuna del mismo nombre en la Región del Biobío, están paralizadas producto del bloqueo que mantienen personas que dicen representar a trabajadores portuarios eventuales, es decir, quienes realizan tareas esporádicas en el lugar.
La situación genera una alta preocupación y afecta en distintos niveles. Por ahora, no se cuenta con el detalle total de las pérdidas que ha generado el hecho, aunque una aproximación la han realizado los transportistas de carga, quienes estiman en un millón de dólares diarios las pérdidas al no poder movilizar mercadería desde y hacia ese puerto.
En el frontis la compañía, se han instalado barricadas mientras que personas movilizadas resguardan la entrada para impedir el ingreso al lugar. Y el jueves, se vivió una situación especialmente grave luego que dos buses con trabajadores en su interior que intentaban retomar sus labores fueron atacados con piedras por parte de encapuchados, impidiendo que se reanudaran las operaciones del puerto.
Según detallaron desde la empresa a Emol, son 800 los trabajadores eventuales que mantienen esta paralización ilegal, mientras que otros 600 trabajadores permanentes del puerto no están adheridos a la movilización y han intentado volver a trabajar, lo que es impedido por los hechos de violencia.
Así, la empresa ha decidido recurrir a la justicia para poner fin al bloqueo, ante -según critican- la «pasividad» de las autoridades. Puerto Coronel hace algunas semanas interpuso ante el Tribunal de Garantía local una querella criminal por «desórdenes públicos, daños y colocación de obstáculos en la vía férrea».
Luego, después de casi 20 días, la firma amplió la querella y apuntó en contra de un «dirigente de trabajadores eventuales» y un «trabajador portuario eventual», además de todos «quienes resulten responsables en calidad de autores, coautores, cómplices o encubridores de los ilícitos de amenazas y el violento bloqueo al recinto portuario ocurrido el 15 de abril del presente año».
Incluso, en las querellas presentadas, se señala que ejecutivos de la empresa han recibido amenazas de muerte en los últimos 30 días.
Puerto Coronel es la mayor empresa de la ciudad y es el terminal marítimo más grande de la región. Su propiedad está bajo el control de alguinos de los principales grupos económicos del país, entre los que se encuentran el grupo Angelini, los Von Appen y la familia Elgueta.
EL ORIGEN
La génesis de este conflicto radica en una querella que presentó Patricio Román -actual gerente general- en noviembre de 2023, tras denunciar eventuales hechos de corrupción al interior de la firma. La acusación apunta a Eduardo Hartwig Iturriaga (75), ex presidente del directorio y fundador de la compañía. ¿El motivo? Eventuales coimas hacia el alcalde de la ciudad y dirigentes sindicales.
Tras las denuncia, Hartwig renunció a su cargo. Y poco después dejó, además, su puesto de director de la Cámara Marítima Portuaria (Camport) y la vicepresidencia de la Corporación Chilena de la Madera (Corma).
Los eventuales sobornos y la ampliación de una de las cuatro querellas presentadas por Puerto Coronel apuntan a que dentro de los pagos a los sindicatos -hasta $12 millones- estarían las condiciones para que sean estos organismos los que definan quiénes trabajan en turnos eventuales y quiénes no.
En la querella se apunta al «poder con que cuentan algunos dirigentes, quienes, de facto, se han atribuido por sí y ante sí amplios márgenes de discrecionalidad para decidir quién trabaja y quién no, imponiendo a la Compañía sus particulares y antojadizos intereses, entorpeciendo la administración de Puerto Coronel y privándola de definir el personal en función de criterios objetivos y meritocráticos».
Asimismo, se señalan supuestas licencias falsas presentadas por trabajadores. Para respaldar la denuncia, el texto es acompañado de imágenes de empleados con licencia protestando o bloqueando los accesos a la empresa, los mismos días de licencia. Política de alcohol y droga
A inicios de febrero de 2024, a raíz de un grave incidente sufrido por un equipo de la empresa ante la evidencia de que había sido protagonizado por una persona que había consumido algún tipo de droga, la firma comenzó a implementar una nueva política de alcohol y drogas para trabajadores portuarios.
Según la compañía, fue aprobada «previamente ya en septiembre de 2023 luego de numerosas instancias de discusión con todos los sectores; representantes de la compañía, trabajadores, comités de disciplina, sindicatos y personal no sindicalizado. La nueva medida intensificó los controles existentes al interior del puerto en relación con el consumo de alcohol y drogas durante el desarrollo de las faenas.
Esto, según la firma, con «el fin de garantizar un entorno laboral libre de sustancias que puedan comprometer la seguridad del trabajo». Sin embargo, los testeos habrían generado malestar al interior de ciertas facciones de trabajadores portuarios eventuales, quienes, según Puerto Coronel, «se oponían a la efectiva implementación de la política, así como también a la aplicación de sanciones para los infractores de la misma».
Aquello entonces, empezó a generar los roces que culminaron con movilizaciones y la paralización. El presidente del Sindicato Marítimo Portuario N°1 de Coronel, Guillermo Jaque, se defiende y acusó que Puerto Coronel sería quien «mantiene detenidas las faenas«, razón por la que interpusieron una denuncia ante la Dirección del Trabajo (DT) por incumplimiento de un convenio colectivo relativo a los turnos mínimos de labores.
Jaque señaló a «PortalPortuario» que «no es un paro portuario, es la empresa quien paralizó las operaciones del puerto. Hay un incumplimiento, los trabajadores portuarios eventuales estamos en un convenio colectivo en donde la ley dice que como mínimo la empresa debe garantizar la cantidad de turnos equivalentes al ingreso mínimo mensual«.
Al respecto, el dirigente portuario señaló que el último punto «desvirtuó el tema, porque si bien en los inicios de los problemas con la compañía era con la política de alcohol y drogas, nunca fue que los trabajadores no se quisieran tomar los exámenes, los exámenes siempre se tomaron por parte de los trabajadores en todas las instancias, siempre se tomaron«.
«Lo que nosotros nunca estuvimos de acuerdo fue con las sanciones que aplicó la empresa, ya que las sanciones que aplicó estaban fuera de ley. La ley permite, hoy en día, ante una falta de este tipo una sanción verbal, escrita o en desmedro del 25% del sueldo del trabajador y la compañía estaba aplicando un bloqueo del trabajador y eso es lo que estaba en discusión», agregó.
Sin embargo, altos ejecutivos de la empresa expusieron a Emol las dificultades que han registrado para realizar un control efectivo de alcohol y drogas, así como también insisten en mantener «el bloqueo ilegal y violento de los accesos que impide al puerto operar y a sus trabajadores trabajar».
Además, remarcaron que insisten en «insultar, amenazar y denostar a ejecutivos y gerente general de la empresa». Reacciones Daniel Fernández, presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Canport) se refirió a la situación ayer en entrevista con radio Infinita y expuso que «nosotros creemos que es muy grave porque además se han acoplado algunos sindicatos de la región. Creemos que no puede ser que un puerto esté bloqueado porque hay dirigentes que no aceptan una política de alcohol y drogas».
«Hay un ambiente muy malo», enfatizó. «Pueden haber diferencias, pero bloqueando puertos con violencia para no dejar que estos operen es gravísimo. Ahí las autoridades están en falta. O sea, no puede el sector portuario controlar el orden público fuera del puerto», agregó Fernández.
Por último, indicó que «con esto lo único que hacemos es afectar la competitividad y prestigio del sistema, además del efecto económico de la región, con pérdidas que se estiman ya en más de US$70 millones».
También, cerca de 30 gremios del sector privado -Corma, SNA, Chile Transporte, Asimet, CPC Biobío, Frutas de Chile, Sonapesca, entre otros- enviaron en conjunto una declaración pública. En el escrito, manifestaron su preocupación «ante las negativas consecuencias que están ocasionando las continuas paralizaciones de trabajadores portuarios en la Región del Biobío, muchas veces acompañadas de actos violentos que buscan impedir el acceso y la operación de los recintos portuarios»
«Estas acciones, que interrumpen el normal funcionamiento de las actividades industriales y de servicios de la región, están fuera del ordenamiento legal, toda vez que no existen en curso procesos de negociación colectiva, sean estos reglados o no reglados», añade el documento.
Además, remarcaron en el daño para la competitividad e imagen global de los puertos nacionales: «afectan la competitividad, continuidad y confiabilidad de nuestros servicios a nivel internacional, generando pérdidas presentes y futuras para el país». (Emol)
