Una serie de malas noticias se han sucedido en materia educacional. Por un lado, un buen número de colegios particulares subvencionados de destacado rendimiento ha anunciado su transformación en particulares pagados. Por otro lado, cientos de padres se han visto en la obligación de hacer largas filas en la madrugada para poder postular a sus hijos al colegio de su preferencia.
El factor común es la incertidumbre creada por la reforma del Gobierno, cuyos mensajes y políticas clasistas están dando resultados. Muchos colegios subvencionados no saben qué pasará con el desarrollo de su proyecto escolar una vez que se transformen en corporaciones sin fines de lucro. Por su parte, los padres ya están nerviosos por cómo será el nuevo proceso de selección de los colegios: un sistema basado en el azar, controlado por el Estado y que ya tuvo múltiples críticas en la región de Magallanes, donde operó el año pasado.
Estamos frente a uno de los más importantes nudos de discusión en materia educacional, porque afecta directamente el derecho de los padres a educar a sus propios hijos, una de las dimensiones de la “libertad de enseñanza”. En esta materia, destacan tres aspectos de especial relevancia, que conviene revisar.
Primero, la importancia de los proyectos educativos desarrollados por los establecimientos escolares. Sabemos que los colegios son una extensión de la labor formativa de los padres, y por tanto, éstos tienen el derecho de escoger aquellos proyectos que mejor se acomoden a su propia visión del hombre y la sociedad, así como su concepción de la educación y de la formación en general. En ese sentido, la existencia de múltiples proyectos escolares definidos configura un sistema diverso, que permite a los padres y apoderados escoger entre proyectos confesionales o no, buscar alguno en que prime la enseñanza del inglés o la práctica del deporte, de mayor exigencia académica o uno que acentúe otros aspectos formativos.
En segundo lugar, la importancia de la libertad. Sabemos que existen muchas familias chilenas que no pueden escoger el colegio de su preferencia por falta de recursos. Frente a esta realidad innegable, la izquierda optó por su camino acostumbrado, la prohibición de que esas familias escojan en los mismos términos que otras más ricas, transformando un derecho en un privilegio. Privilegio que en ningún caso pierden los autores de las leyes ni los ideólogos que las promueven. Por eso, el país debe hacer un esfuerzo económico y social para aumentar las subvenciones, de manera tal que las familias vulnerables y de clase media puedan materializar su derecho a elegir, ejerciendo la misma libertad con la que la Presidenta, los ministros o diputados que hicieron esta reforma, pueden hacerlo o ya lo han hecho con la educación de sus propios hijos.
Por último, la importancia de contar con un sistema justo de admisión. Los promotores de la tómbola consideran el azar como un criterio justo para ser seleccionado en un establecimiento educacional. Por eso, se debe hacer notar que no existe un criterio único de justicia. Como hemos dicho en otras ocasiones, algunas veces se deberá aplicar un criterio de igualdad, como por ejemplo, en la igualdad ante la ley; en otros, el criterio de justicia será la necesidad, como el usado para asignar los beneficios sociales; en otros casos será el mérito, como los resultados académicos para postular a una universidad o a un colegio de alta exigencia.
Todo esto sin olvidar que los colegios son verdaderas comunidades donde se unen padres, profesores y sostenedores en pos de un fin común: la enseñanza de los niños y jóvenes. Por eso, los padres prefieren buscar un colegio con “nombre y apellido” antes que someterse a la suerte de una tómbola, en un sistema frío, distante e impersonal, que no contribuye a involucrar a las familias en lo que más les importa, que es la educación y el futuro de sus hijos. (El Líbero)
Julio Isamit, coordinador político de Republicanos
