He estado cerca de México desde hace cincuenta años. He vivido por muy largos períodos allí y creo que conozco a su gente y su idiosincrasia como pocos. Por ello me resulta particularmente doloroso que, cuando lo comento, suela encontrar como primera reacción algún gesto de horror y exclamaciones relativas a la situación de seguridad pública en ese país. Esas reacciones, explícita o implícitamente, van acompañadas del sentimiento de “que bueno que eso no ocurre aquí” y, casi siempre, de un “eso aquí no puede pasar”. En el último período he tenido experiencias parecidas cuando la conversación gira sobre la situación actual en Ecuador: es el mismo sentimiento de “aquí eso no puede pasar”, que se hace presente.
Desgraciadamente a todos quienes comparten esa opinión debo decirles que eso sí puede pasar entre nosotros. Y que puede pasar mucho antes de lo que se imaginan. La primera vez que me acerqué a México, ni el tráfico de drogas ni el crimen organizado eran temas. Comenzaron a convertirse en el gigantesco problema que es hoy hace menos de tres décadas. Y hace sólo ocho años Ecuador tenía una tasa de 6 homicidios por 100.000 habitantes, no diferente a la de Chile en 2022 (6,74 homicidios por 100.000 habitantes). En sólo ocho años un país que tenía las cosas bajo control pasó a ser el país en guerra contra el crimen organizado que es hoy. Y es que la capacidad de crecimiento que ha alcanzado la actividad delictual organizada y globalizada es gigantescamente superior a nada de lo que pudiera conocerse hace décadas atrás.
Ese es el problema que estamos enfrentando. No se trata de idiosincrasias nacionales que acerquen a la gente a la violencia o que climas más cálidos que el nuestro lleven a actitudes pasionales o violentas. Se trata de una industria global que mueve cientos de miles de millones de dólares, produce ganancias de cientos de millones y no utiliza como instrumento de su desarrollo el marketing pues, para quienes están en esa industria, una “política agresiva de ventas” no consiste en bajar precios o iniciar una campaña de publicidad, sino en entrar en el territorio de sus competidores y asesinarlos.
Los países que hoy son paradigmas de problemas graves de seguridad pública y en muchos casos de pérdida de control sobre partes del territorio nacional, comenzaron como Chile hoy o como Ecuador hace ocho años. En nuestro país la tasa de homicidios por cien mil habitantes se eleva a 6,74, pero en 2018 era de sólo 4,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir está creciendo exponencialmente. Y todos sabemos que detrás de esos fríos números se encuentran las realidades escalofriantes de muertes por sicariato o descuartizamiento de cuerpos. Pero no sólo eso: la presencia social del crimen organizado crea ambientes culturales en los cuales actitudes y prácticas antes inexistentes se tornan habituales. Ello lleva, por ejemplo, al uso de armas de fuego como vía de solución de disputas o riñas incluso entre personas que nos estén asociadas a bandas o pandillas.
El crimen organizado, por otra parte, no es sólo narco tráfico, aunque probablemente sea una de las vías principales para su instalación territorial. Como toda industria, la actividad criminal tiene la necesidad de crecer y expandirse. En el mundo, hoy, el crimen organizado en gran escala está detrás de actividades que les son ampliamente reconocidas, como la trata y el tráfico de personas o la extorsión, pero también de otras menos conocidas como el tráfico de órganos o el tráfico de piezas arqueológicas.
En Chile es posible que se encuentre detrás del incremento de actividades criminales como asaltos y “portonazos” y está bastante documentada su asociación con la actividad subversiva de grupos delictuales y terroristas en la macrozona sur.
La ministra de Interior anunció recientemente, en vísperas del receso estival del Congreso, que las prioridades del Gobierno, al regreso de éste, iban a ser proyectos legislativos que ya estaban siendo tramitados, algunos de larga data. Los principales eran los relativos a infraestructura crítica, al ministerio de seguridad, a la ley antiterrorista y a la ley de inteligencia. Es deseable que esas leyes sean aprobadas porque son todas necesarias. Todas pueden contribuir, si bien en distintas medidas, a reducir el problema. Pero el gobierno ya sabe que después de dos años desperdiciados en excesos ideológicos, desplantes innecesarios, casos de corrupción y muestras evidentes de ineptitud, esas leyes, por muy necesarias que sean, no van a ser aprobadas sin ser mejoradas para que efectivamente sirvan al objetivo que pretenden.
Rechazar un placebo para aprobar en el futuro, en otras condiciones, leyes realmente efectivas, puede llegar a resultar preferible a aprobar cualquier cosa que lleve a malgastar años de intentos fallidos y frustraciones debido a leyes insuficientes. Y ya sabemos que el gobierno tiende a limarle los dientes a las acciones de seguridad orientado por principios identitarios o una malentendida comprensión de los derechos humanos que lo lleva a convertir en victimarios a las víctimas y en víctimas a victimarios: su comportamiento respecto de las pensiones de gracia otorgadas a quienes victimizaron a comerciantes y destruyeron bienes públicos, pero terminaron convertidos en víctimas y beneficiados a costa del erario público habla bien de esa tendencia.
Esta es una buena oportunidad, quizás la última, que le queda al presidente Boric para demostrar que sus palabras en el funeral del ex Presidente Piñera eran absolutamente sinceras. Que realmente cree en la posibilidad del diálogo y los acuerdos. Que busca que las leyes, por encima de todo, sean efectivas y no obedezcan exclusivamente a sentimientos ideológicos.
Y para ser efectivo, un ministerio de seguridad debe dirigir, tener mando y no sólo coordinar a las instituciones de seguridad del país, que hoy se mueven cada una por su cuenta y persiguiendo sus propias metas. Y debe ejercer esas capacidades directamente en el territorio, en función de sus planes y de una capacidad de ejecución propia. De otro modo será una instancia burocrática más, con seremis disputando cuotas del presupuesto regional con otros seremis y ejerciendo una coordinación puramente formal entre instituciones que seguirán actuando, en la práctica, cada una por su lado.
Y una ley de protección de infraestructura crítica debe comenzar por los puertos y garantizar que se cumplan todas (no sólo las mínimas) normas de seguridad que nuestros puertos deben tener para dejar de ser la puerta abierta a la entrada y salida de drogas que hoy día son. Y en alguna de estas leyes debe incluirse la puesta al día del control de nuestras fronteras. No tiene sentido que hayan destinado fuerzas militares a esa tarea y que éstas estén controlando identidades en pasos fronterizos. Para esa tarea existen otros funcionarios públicos capacitados. El entrenamiento de las fuerzas militares sirve para otras funciones en la frontera y, si se estima que militares deben desplegarse allí, debe ser para que cumplan las tareas para las cuales están entrenados y no otras.
Y también en alguna parte y en algún momento hay que retomar el control de las cárceles. He oído al ministro de Justicia decir que en cualquier momento le basta levantar un teléfono para saber qué ocurre en cada cárcel del país, en circunstancias que lo único que podrá saber con certeza es cuantas personas recluidas hay en cada una de ellas. Gendarmería ya no controla las cárceles, cuya seguridad es violada permanentemente por reclusos que son abastecidos de drogas y armas desde el exterior.
He escuchado también al subsecretario, hoy ministro subrogante, explicando medidas para interferir comunicaciones telefónicas, pero no medidas para impedir que teléfonos entren a las cárceles, como las drogas y las armas. Las personas que se encuentran privadas de libertad han sido marginadas de la sociedad perdiendo derechos; la única posibilidad de retomar el control de las cárceles es restringiendo aún más las libertades de que hoy gozan esos reclusos. De otro modo para muchos de ellos seguirá siendo económicamente más beneficioso estar recluidos en un lugar seguro desde donde controlan sus negocios “de afuera” o crean negocios “adentro” (existe extorsión, venta de drogas y otras actividades criminales dentro de las cárceles y entre reclusos).
En fin, que el gobierno debe saber que el problema es grande y sólo comenzará a solucionarse con grandes remedios. Ni paliativos ni placebos sirven ya. Es su última oportunidad de lograr un acuerdo nacional. Su última oportunidad de hacer valer, con hechos, la voz del presidente de la República. (El Líbero)
Álvaro Briones
