Partió como una arista del caso Penta. Pero la investigación de SQM, que lleva adelante la Fiscalía Nacional, puede convertirse en una bomba de gran poder expansivo. De ahí que genere tanta preocupación al interior de esta compañía minera no metálica y que su presidente desde hace casi 28 años, Julio Ponce, intente usar todo su poder para bloquear o, al menos, aplazar las pesquisas.
El fiscal nacional, Sabas Chahuán, pidió a la empresa el pasado 6 de marzo información sobre la contabilidad desde 2009 y hasta 2014. Este miércoles, la defensa del gerente general de SQM, Patricio Contesse González, presentó una medida cautelar para impedir la incautación de la documentación requerida. El tribunal no le dio la razón.
En el frente interno, la compañía llamó a un directorio extraordinario para tratar el tema. Tal reunión fue este jueves, duró cerca de cinco horas, y al final decidieron aplazar hasta hoy lunes la definición de si entregan o no los antecedentes al Ministerio Público.
Hasta ahora la fiscalía tiene datos contables de julio de 2009 y de ese período se han detectado boletas emitidas por SQM a personas vinculadas con el senador Fulvio Rossi (PS); al diputado Roberto León (DC) y a Joaquín Lavín (UDI). Según conocedores del caso, estas jugadas buscan aplazar la entrega de antecedentes al Ministerio Público. ¿Para qué? “Para tener más control de qué información será la que finalmente tenga la fiscalía”, comentan cercanos.
Este miércoles 11 de marzo, mientras se esperaba que unidades policiales concurrieran a las oficinas de SQM, ocurrió un extraño incidente. Ese día existía la presunción de que la PDI iría a las oficinas de SQM, en Las Condes, a incautar documentación. Apostado en el lugar, un fotógrafo de “El Mercurio” registró cuando un auto se detuvo y a las 11:43 horas se fue cargado con varios computadores. Al pedirles información, los ocupantes del vehículo dijeron que eran de soporte. Al ser consultada la empresa, María José Velozo, de Comunicaciones de SQM, dijo desconocer la información entregada por estas personas.
DIVISIÓN EN EL DIRECTORIO
La estrategia utilizada por el controlador de SQM, Julio Ponce, para postergar la entrega de información fue pedir un informe técnico legal sobre la pertinencia de colaborar con la fiscalía. Pero no hubo unanimidad en dicho punto ni tampoco sobre el abogado que haría tal tarea.
En esta resolución Ponce contó con el apoyo de los directores Juan Antonio Guzmán, Hernán Büchi, Wolf von Appen y Patricio Contesse Fica. En contra, los directores José María Eyzaguirre y Alejandro Montero, que estuvieron a favor de entregar voluntariamente y a la brevedad la información requerida por el fiscal nacional.
Esta votación supuso un gran quiebre al interior de la mesa. Y es que a fines de febrero y cediendo a la preocupación de la canadiense Potash Corp. por este caso, el directorio de SQM optó por crear un comité ad hoc para definir cómo proceder. Dicho grupo especial fue integrado por Juan Antonio Guzmán, Wolf von Appen y José María Eyzaguirre.
Pero como en el directorio de este jueves triunfó la opción de no aportar nada aún a la fiscalía, Eyzaguirre, que seguía el directorio desde Nueva York, decidió renunciar a este comité especial por carta. Con ello, el comité quedaba constituido solo por personas cercanas a la postura de Julio Ponce. “Se perdió la independencia”, señala un conocedor del proceso.
¿Y quién hará el informe? Hasta el cierre de esta edición, no existía un nombre. Desde SQM han consultado a distintos bufetes; entre ellos, confidencian fuentes judiciales, Puga & Ortiz; Albagli Zaliasnik y Hermosilla. El timonel de SQM ha contado en estos menesteres con la ayuda de su amigo, el abogado Darío Calderón.
PONCE Y SQM
Julio Ponce dice que hay dos cosas importantes en su vida: SQM y los caballos. En la minera no metálica tiene un estrecho grupo de colaboradores tanto en el directorio como en la administración de la compañía.
En el directorio puso a Hernán Büchi, quien lleva 22 años en la mesa, y a quien conoció a fines de los 70, cuando este fue director de Inforsa y ambos eran asesores del ministro de Economía de entonces, Pablo Barahona. Cuando Büchi fue candidato presidencial en 1989, el empresario lo apoyó.
Con los votos de Ponce y de algunos minoritarios fue elegido en abril de 2013 el ex gerente de Gener, Juan Antonio Guzmán —cercano al ex candidato presidencial por la Alianza, Laurence Golborne, desde que coincidieron en Gener en los 90—, en una reñida elección donde las AFP habían propuesto al ex gerente general del Banco de Chile Fernando Cañas.
Otro de los directores ligados al presidente de SQM es Patricio Contesse Fica, un abogado de la UC hijo del actual gerente general, Patricio Contesse González. Julio Ponce lo instaló en el directorio en abril de 2013 y es directivo de las sociedades “aguas arriba” de la minera no metálica Pampa Calichera y Norte Grande y por ello fue sancionado en el llamado caso Cascadas.
El socio de Ultramar, Wolf von Appen, es director desde 2005.
El control de Ponce en la compañía se ejerce mediante las sociedades Cascada, donde tiene 29,9% —a través Pampa Calichera, Potasios y Global Mining—, que se suma al 2,08% de la japonesa Kowa, con quien tiene un pacto de actuación conjunta.
El otro accionista relevante de SQM es la canadiense Potash Corp, con el 32% de la sociedad. Son directores elegidos con sus votos José María Eyzaguirre y Wayne Brownlee. Y nominado por los socios institucionales está Alejandro Montero, de BTG Pactual.
SITUACIÓN DE CONTESSE
Hasta ahora quien ha dado la cara ante la justicia por la llamada “arista SQM” del caso Penta ha sido el gerente general de la minera, Patricio Contesse González. Es uno de los ejecutivos de mayor confianza de Ponce, lleva en la minera tantos años como el presidente de SQM. Julio Ponce lo conoció en los 60, cuando estudiaba Ingeniería Forestal en la U. de Chile, donde era compañero de su hermano Daniel. Años más tarde se encontrarían en Conaf, Celco, Enacar y Soquimich.
Patricio Contesse es representado por el abogado Samuel Donoso, quien en una acción que le valió críticas en parte del directorio de SQM, pidió este miércoles una medida cautelar para impedir que la fiscalía incautara los computadores de la minera. A fines de la semana, el profesional hizo consultas por este caso al Tribunal Constitucional.
La mesa directiva de la firma ha señalado reiteradamente que Donoso no representa a SQM, sino solamente a Contesse. Aunque ello es así, este ejecutivo sigue contando con el respaldo de Ponce y varios directores cercanos a él, pese a que —según trascendió— insinuó la posibilidad de renunciar en el directorio del pasado jueves.
ESTRATEGIA
Ponce Lerou parece tener clarísimo que la contabilidad de Soquimich entre los años 2009 y 2014 podría resultar mucho más complicada para él y su círculo cercano que la investigación de la SVS por el Caso Cascada, que resultó en una multa de US$ 70 millones.Hace un par de semanas se dio a conocer que la Fiscalía investiga a 19 personas que, en julio de 2009, emitieron boletas de honorarios por más de un millón de pesos a SQM. Entre ellas, varios políticos.
Ulteriormente, El Mostrador tuvo acceso a boletas de 2010 y ahí se encontraron 39 de ellas ligadas a campañas políticas de la derecha y la Nueva Mayoría.
Fuentes muy cercanas a la investigación afirman que la contabilidad a la cual la Fiscalía pide tener acceso revelaría una vasta relación entre la empresa de Ponce y númerosos políticos de ambas tendencias e, incluso, se habla de que salpicaría directamente a La Moneda.
Hoy Ponce presidirá un directorio quebrado acerca de cómo responder a la petición. Ponce cuenta con el apoyo de los próceres de la UDI en el directorio, Juan Antonio Guzmán y Hernán Büchi, así como del hijo de Contesse. El Mostrador Mercados tiene entendido que Darío Calderón estaría jugando un rol clave como asesor. Es un antiguo amigo del empresario y, además, tiene redes profundas en el Poder Judicial y la Nueva Mayoría.
Ponce está apostando, explican fuentes cercanas al caso, a “comprar tiempo” aprovechando la decisión del SII de buscar una salida administrativa a toda la crisis sobre boletas falsas para financiar campañas. Eso le permitiría controlar lo que eventualmente libere a las autoridades. Asimismo, en La Moneda estarían al tanto de la estrategia, apunta la misma fuente, y no es menor –añade– que el abogado de Contesse, Samuel Donoso, sea cercano al ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo.
Donoso, quien en los inicios de El Mostrador fue socio minoritario, es una permanente carta del PPD para diferentes cargos de Gobierno. Fue propuesto como subsecretario del Interior para reemplazar a Felipe Harboe en el primer mandato de Bachelet, y también ha sido candidato para la Intendencia Metropolitana y la subsecretaría de Justicia.
EL FLANCO AL QUE SE EXPONE PCS
A pesar de que este medio no pudo averiguar las razones de la posición de los representantes de Potash en SQM, su intención por entregar todo lo necesario a la Fiscalía tal vez pueda entenderse por la estricta regulación que pesa sobre los canadienses.
Eventualmente, SQM podría exponerse a incurrir en infracciones a regulaciones en mercados como el de EE.UU. y Canadá. Siendo una compañía listada en Wall Street, está sujeta a normas que rigen para financiamientos de campañas políticas, las cuales son reguladas tanto por el Departamento de Justicia del país norteamericano como por la SEC, símil de la SVS en Chile.
La Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), de 1977, se aplica a cualquier persona o compañía con algún grado de conexión con EE.UU. y establece una serie de códigos que obligan a las empresas a desarrollar políticas corporativas al respecto. Esta ley la replica Canadá a través de la CFPOA, de 1999. (El Mercurio-El Mostrador)
