Se solicitó informe de productos bancarios de Carmen Luz Valdivielso y Marisol Cavieres, también ex colaboradora del ex ministro. Ministerio Público busca determinar si en estas cuentas se recibieron fondos destinados a campañas políticas.
A través de un oficio reservado, la Fiscalía de Valparaíso solicitó a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) conocer las cuentas bancarias e inversiones realizadas por dos funcionarias de la UDI vinculadas al ex candidato presidencial Pablo Longueira.
En el documento, fechado el 15 de enero, la fiscal Paola Castiglione pidió revelar los antecedentes financieros e inversiones de la ex jefa de gabinete de Longueira, Carmen Luz Valdivielso, y de Marisol Cavieres, secretaria del gremialismo y también ex asesora del ex parlamentario.
Ambas son indagadas por el Ministerio Público, en el caso SQM, por supuesto financiamiento irregular de campañas políticas.
Según el oficio de la fiscal Castiglione, el requerimiento a la Sbif busca que el organismo “nos remita un informe respecto a las instituciones financieras donde doña Carmen Luz Valdivielso Almarza y doña Marisol Elvira Cavieres Romero han mantenido cuentas corrientes o de ahorro, depósitos a plazo en moneda nacional o extranjera, o fondos mutuos entre los años 2010 y 2015, inclusive”.
Los antecedentes solicitados por el Ministerio Público, aseguran fuentes ligadas a la investigación, serían la antesala de una petición judicial para acceder a las cuentas corrientes de ambas funcionarias.
Pesquisas
Valdivielso y Cavieres ya habían sido foco de pesquisas por parte del Ministerio Público. En el caso de Cavieres, la fiscalía había detectado supuestas boletas ideológicamente falsas emitidas a SQM por $ 24,5 millones, entre 2009 y 2012.
En tanto, en el caso de Valdivielso -conocida en el gremialismo por su apodo de ‘Titi’- la fiscalía ha recabado diversas declaraciones que vinculan a la ex jefa de gabinete de Longueria con gestiones para obtener dineros de manera irregular.
Entre ellos destacan los testimonios de su cuñada, Ana Carolina Palacios, quien dijo que a petición de Valdivielso emitió ocho boletas por casi $ 46 millones a Soquimich; otras dos a Cencosud por un total $ 8 millones, y otra boleta por $ 9 millones al Banco de Crédito e Inversiones (BCI).
Entre los antecedentes obtenidos por la fiscalía también se encuentra el testimonio de Nicolás Guiñez (ver nota secundaria) y de Patricio Lazcano Silva -ex concejal de RN y director jurídico de la Municipalidad de Lo Barnechea-, quien recibió pagos de SQM por más de $12 millones.
Para acceder a los antecedentes sobre las asesoras de la UDI, el Ministerio Público dio un plazo de 15 días a la superintendencia “contados desde la recepción del presente oficio”.
Esta es una de las diligencias que la fiscalía ha realizado al entorno del ex senador y otrora candidato presidencial de la UDI, a fin de determinar el destino de los dineros presuntamente aportados por empresas a campañas políticas.
En paralelo a esta arista, la fiscalía investiga el intercambio de correos electrónicos entre el ex legislador gremialista y el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, comunicaciones en las que ambos abordaron información sobre el proyecto de impuesto específico a la minería que se debatía en 2010 entre el gobierno de Sebastián Piñera y la entonces oposición.
En este contexto, el 5 de febrero pasado el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, dio curso a la petición del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para acceder a los tomos reservados del caso SQM, que contienen, entre otros antecedentes, los mencionados correos electrónicos entre Longueira y Contesse.
