El debate sobre el reajuste del sector público se trasladó a la comisión de Hacienda del Senado, donde el ministro Nicolás Grau anunció que insistirá en las denominadas «normas de amarre». La nueva propuesta del Ejecutivo busca elevar a cinco años el plazo para reconocer la «confianza legítima» de los funcionarios a contrata, intentando blindar sus puestos frente a desvinculaciones discrecionales. Sin embargo, senadores de oposición ya adelantaron que no otorgarán los votos necesarios, argumentando que estas disposiciones vulneran la carrera funcionaria y desoyen las advertencias de la Contraloría.
La presidenta de la instancia, Ximena Rincón, junto a parlamentarios de RN y la UDI, enfatizaron que el quórum calificado es inalcanzable, dado que la oposición mantiene la mayoría en la Cámara Alta. Los legisladores señalaron que el Gobierno incurre en una «tozudez» al intentar legislar sobre materias que ya cuentan con criterios definidos por los tribunales y el ente contralor. Con este escenario, se prevé que el proyecto sea despachado sin estas cláusulas de estabilidad laboral reforzada para evitar trabar el aumento salarial del 3,4%.
Además de la pugna política, surgió una fuerte preocupación por el financiamiento de la iniciativa. Según datos del Consejo Fiscal Autónomo, el reajuste presenta un déficit de 822 millones de dólares, debido a que el Presupuesto 2026 no contempló las provisiones suficientes ni el ajuste por inflación necesario. Esta brecha financiera obligaría a la administración del Presidente electo, José Antonio Kast, a realizar complejas reasignaciones de gasto apenas asuma el mando para cubrir los compromisos salariales del Estado. (NP-Gemini-Emol)
