La conformación del futuro equipo de gobierno de José Antonio Kast ha desatado un debate sobre la compatibilidad y la ética tras la posible salida de concejales y consejeros regionales recientemente electos. El caso más emblemático es el de Catalina Ugarte, actual concejala de Las Condes, quien asumirá como jefa de gabinete del Presidente electo. Aunque legalmente su nuevo cargo no le impide mantener el puesto edilicio, la dedicación exclusiva que demanda la agenda presidencial hace inviable el ejercicio de ambas funciones, lo que plantea el dilema de renunciar a un mandato democrático apenas iniciado.
Desde el sector de Renovación Nacional y el Partido Republicano admiten que, si bien la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades permite a los ediles compensar horas de trabajo público para asistir a sesiones, en la práctica sería “mal visto” abandonar las tareas de fiscalización local. El criterio que estaría primando en la oficina de Kast es que quienes lleguen al Ejecutivo deben dimitir a sus cargos de elección popular. Esta situación también afecta a figuras como Ignacio Dülger y otros consejeros regionales que suenan para roles en La Moneda o subsecretarías.
El mecanismo de reemplazo para estas vacantes no implica nuevas elecciones, sino que la ley establece que debe asumir el candidato de la misma lista que seguía en votación o, en su defecto, una terna propuesta por el partido político correspondiente. Mientras nombres como el de Juan Chomali en Lo Barnechea o Marina Matus en Pucón aparecen en el radar del futuro oficialismo, la administración entrante busca evitar críticas por “dejar botados” los municipios, limitando estas fugas a casos estrictamente necesarios para la gestión nacional. (NP-Gemini-La Tercera)