Entre el martes y el miércoles de la semana pasada, la ministra Romy Rutherford, en compañía de efectivos de la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) de la PDI, llegó hasta la comuna de Vitacura, para investigar en terreno cómo funcionaba la casa del comandante en jefe del Ejército, actualmente habitada por el jefe de la institución, el general Ricardo Martínez.
La jueza, junto a los peritos de la PDI, llegaron hasta la casa ubicada en Lo Curro, previo aviso al Ejército, en el marco del cuaderno investigativo “F-A”, cuerda judicial en que se indaga el uso de los gastos reservados, fondos destinados netamente para financiar actividades vinculados a la Inteligencia y la Seguridad Nacional.
Consultado el Ejército, señalaron que “la institución colabora con cada una de las investigaciones judiciales que lleva adelante la ministra en visita”. Además, explicaron que, como la diligencia se hizo en un recinto militar, y se trata de una causa judicial, están impedidos de entregar antecedentes al respecto.
Esta arista se abrió luego de que la jueza descubriera cómo se utilizaban los gastos reservados en la Comandancia en Jefe del Ejército, en la época del general (R) Juan Miguel Fuente-Alba. La magistrada lo procesó por la presunta malversación de $ 3.500 millones, y misma suerte corrió el sucesor de Fuente-Alba, el general (R) Humberto Oviedo, encausado por el mismo delito, pero por el presunto desvío de más de $ 4.500 millones.
A partir de eso, la investigación también apunta a otros períodos de mando, como por ejemplo, ocurre en el caso de Óscar Izurieta Ferrer, quien lideró la institución militar entre 2006 y 2009, antes que Fuente-Alba. Es más, la jueza ya ha tomado declaración a excolaboradores del general (R), que también fue subsecretario de Defensa, en 2010.
En la diligencia, la PDI y la magistrada observaron cómo funcionaba la casa, con cuántos ayudantes disponía y cómo y con qué platas se financiaba su funcionamiento. Según los antecedentes que se han vertido en los procesamientos de Fuente-Alba y Oviedo, gran parte de los gastos reservados malversados se habrían utilizado en la compra de artículos para esta casa, la que está ubicada justo detrás del Club Militar.
CITAN A GENERAL ACTIVO
En las últimas semanas, además, también se siguen acumulando declaraciones de inculpados y testigos, en las más de 30 hebras del caso. Han declarado algunos coroneles, pero pronto también lo harán generales, y miembros del alto mando.
Así lo comprobó hoy el Ejército, cuando recibió una citación a declarar, en calidad de inculpado, para el general Patricio Mericq Guilá, comandante de Personal. Su interrogatorio se realizará bajo el cuaderno investigativo, “empresas de turismo”, pues se indagan los viajes del alto oficial, entre ellos, según los antecedentes que maneja la institución, uno realizado a Estados Unidos, entre el 1 de enero de 2016 y diciembre de 2017.
Actualmente hay preocupación en las huestes uniformadas, pues hay varios generales activos en la mira dela magistrada.
RENOVACIÓN EN MANOS DE LA MONEDA
El caso también se juega su futuro en otra lado. El 28 de noviembre, el Congreso despachó la denominada “Ley Rutherford”, iniciativa parlamentario que renueva la visita de los ministros de la Corte Marcial, en investigaciones que requieren un juez especial.
Es el caso de lo que ocurre con Rutherford. Su visita vence a fines de febrero, pero como la ley ya está aprobada, podría renovarse su facultad investigativa. Sin embargo, hoy todo está entrampado en La Moneda.
Ya han pasado 20 días desde que la ley, la que cuenta con un artículo, está en La Moneda, para su firma. Una vez que se revise, será enviada al TC, donde no debiera demorar mucho, y luego pasará a publicarse en el Diario Oficial. Una vez promulgada será el Pleno de la Corte Suprema el que resuelva si renovar o no la visita de Rutherford.
Los parlamentario que hicieron la ley, Matías Walker (DC) y Leonoardo Soto (PS), esperan que la ley salga pronto, y ojalá antes de fin de año, pues de no decretarse pronto, la Corte Suprema no alcanzará a resolver la renovación de la visita de Rutherford.
El diputado Soto señaló que “es insólito. Pareciera que el gobierno está retardando una ley que busca perseguir las irregularidades en en el Ejército. Se debe consolidar esta investigación, por eso hago un llamado al Ejecutivo a que confirme sus dichos en que condena los hechos de corrupción y despache esta norma -la que tiene un artículo- lo antes posible”. (La Tercera)
