Este miércoles el Partido Republicano presentó en el Congreso en Valparaíso la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Izkia Siches.
El texto, de 159 páginas, señala que la acción la toman «por comprometer gravemente el honor de la Nación, por comprometer gravemente la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución y las leyes, y por haber dejado éstas sin ejecución«.
Añaden que «acusar a la ministra Izkia Siches, por tanto, no es una alternativa más para estos legisladores, sino un verdadero deber – obligación, frente a nuestro país y la Constitución que juramos defender«.
Aseguran que «no es una acusación contra una persona en particular, es contra el cargo, de quien es la responsable de la seguridad del país».
Asimismo, apuntan que «los diputados Republicanos estamos conscientes que la acusación constitucional, al momento de presentarla, no concita el apoyo de toda la oposición, ni menos del oficialismo. Si hoy contamos los votos, probablemente se rechazaría. Pero estamos confiados que en las próximas semanas vamos a poder hablar del fracaso del Gobierno en materia de seguridad, inmigración ilegal, narcotráfico y terrorismo, junto con discutir de qué manera la ministra Siches no ha ejercido su rol y ha vulnerado su mandato legal y constitucional».
En la acusación, presentan siete capítulos. En el primero critican el retiro de 149 querellas presentadas por la Ley de Seguridad Interior del Estado contra detenidos por el estallido social. Luego, cuestionan que no haya presentado denuncia tras el atentado del que fue víctima en Temucuicui. «Violó expresamente la ley al no interponer denuncia o querella contra los responsables de dichos hechos, amén de haber puesto en riesgo su vida y la del resto de su comitiva», aseguran.
Otro de los puntos de la acusación dice que es por «haber comprometido gravemente el honor de la Nación al utilizar, de manera imprudente e inoportuna, el concepto Wallmapu para referirse a territorio chileno y argentino, generando un impasse político y diplomático con autoridades de la República Argentina».
También le enrostran que «acusó negligentemente al Estado de deportaciones masivas e ilegales de ciudadanos, amén de haberlas escondido. Lo hizo de manera jocosa, ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, desprestigiando nuevamente su cargo, mancillando el honor de Chile e incumpliendo la Ley, por la cual debería haber denunciado estos hechos ante la Fiscalía para su veracidad y no vertiendo estos dichos de la manera y el lugar donde lo hizo». (Emol)
