En esta última materia será la subsecretaría la que estará a cargo de administrar el financiamiento del sistema: las becas, el crédito con garantía estatal (CAE), otros aportes directos que reciben las instituciones, entre ellos, la gratuidad.  Y para todos estos beneficios estudiantiles habrá nuevos requisitos, como queda reflejado en una presentación que el Ministerio de Educación envío a todos los rectores y que incluye un punto que preocupa a buena parte de las autoridades académicas: la regulación de los aranceles.

Hoy esta medida rige sólo en las 30 universidades que adscribieron a la gratuidad, y exclusivamente para aquellos alumnos que se matricularon bajo el nuevo beneficio. La reforma, según el documento enviado por el gobierno a todos los rectores y al que tuvo acceso La Tercera, amplía esta regulación a toda la matrícula de estas instituciones. Pero no sólo eso, ya que la medida se extenderá a planteles que no están en gratuidad, pero que reciben fondos públicos, aunque  la regulación en este caso sólo afectará a la matrícula de los estudiantes beneficiados con ayudas públicas. El documento de 23 carillas especifica que en el grupo de alumnos que estudien sin beneficios estatales no habrá ningún control arancelario, por lo que los planteles que no reciban fondos públicos no estarán sometidos a regulaciones de este tipo.

Reacciones

Este año el gobierno creo un aporte suplementario para paliar posibles déficit que pudiera generar el arancel regulado en la gratuidad, sin embargo, aún persisten instituciones que están recibiendo menos recursos . El temor de varios rectores es que esta situación se amplifique. “Esto es preocupante porque muchas instituciones, y sobre todo las privadas que entraron a la gratuidad la están pasando bien mal por culpa del arancel regulado que están utilizando este año. Ni imaginar qué ocurrirá cuando ese arancel regulado se extienda”, señaló Federico Valdés, rector de la U. del Desarrollo.

En tanto, Ignacio Sánchez, rector de la U. Católica, especificó que el arancel regulado equivale en promedio al 75% del valor real de las carreras de la UC. “Lo que aparece en esta presentación es que el arancel regulado sería para los estudiantes con gratuidad, para los con becas y también para los que no tienen beneficios.  Y todo esto significa una alteración my clara a la autonomía de la universidad, porque se está poniendo un máximo de cobro de arancel y se está impidiendo un cobro mayor”, señaló la autoridad universitaria, quien criticó que esta situación puede “afectar la calidad no sólo en el largo plazo, sino también a corto plazo. Si el presupuesto disminuye un 10% o un 30%, eso afecta la investigación, a profesores, etc”.

Para Rubén Covarrubias, rector de la U. Mayor, otro problema que puede generar el control arancelario es que, en el caso de instituciones que no están en gratuidad, pero que sí reciben fondos para otras ayudas estudiantiles, “se estaría generando una segmentación gigantesca al interior de las mismas universidades. Vas a tener en un mismo plantel alumnos estudiando con arancel real y a otros con un arancel muchísimo inferior”.

Para el diputado Jaime Bellolio (UDI) esta propuesta debe revertirse. “El gobierno sabe que no tiene suficientes recursos, entonces quieren crear una medida que es insólita. Les pido recuperar el sentido común y sentido común no significa regular todo, sino preocuparse de los más vulnerables”, señaló el parlamentario gremialista. Bellolio criticó que como el gobierno “desconfía de todas las instituciones, quiere regularlo todo. Esto es mucho peor que la regulación que ya hicieron en los colegios con la Ley de Inclusión”.

Distinta es la opinión de Camila Vallejo (PC), quien remarcó que “le parece bien que se establezcan aranceles regulados” y dijo no  estar de acuerdo con que esto vulnere la autonomía universitaria. “Esto no pasa a llevar su autonomía, sino que exige principios básicos y fundamentales para frenar el salvajismo del mercado que ha estado presente décadas en la educación superior. Autonomía no es deshacer al antojo de cualquier rector”, señaló la parlamentaria.

Similar es la postura de Fernando Atria, académico de derecho de la Universidad de Chile, quien señaló que las instituciones que reclaman autonomía lo están haciendo para que “su controlador o dueño pueda decidir qué es lo que se puede o no hacer”. Y en ese sentido, subrayó que las “únicas universidades que son autónomas hoy son las públicas estatales y algunas del G-9 que no son eclesiásticas”

Cabe recordar que las universidades que se adscribieron a la gratuidad 2016 -que cubre hasta el quinto decil- debían tener cuatro años de acreditación y no tener controladores con fines de lucro en sus directorios. Además, podían aumentar su matrícula de primer año hasta un 2,7% y se hizo un cálculo de arancel regulado que, en resumen, es el promedio del arancel de referencia de universidades con la misma acreditación.

Fuente: Edición Original La Tercera