El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, consideró «imprescindible» que se abra el debate sobre el proyecto de ley que busca tipificar el delito de incitación a las violencia y la indicación que sanciona el negacionismo, aprobados el pasado 19 de diciembre por la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Esta última busca sancionar hasta con penas de cárcel a quienes justifiquen, aprueben o nieguen las violaciones a los DD.HH. ocurridas durante el régimen militar y acreditadas por instancias formales del Estado, y es impulsada por la diputada comunista Carmen Hertz.
En la firma de la actualización del convenio entre el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial para actualizar permanentemente el Registro de Inhabilidades de Condenados por Delitos Sexuales contra niños, niñas y adolescentes, el juez señaló que «me parece imprescindible que la cuestión sea debatible. Me parece tremendamente importante la discusión».
Agregó que «la posibilidad de convertir eso que se llama negacionismo en una figura delictiva, es una posibilidad cierta. Desde luego que merece una amplia discusión. No es tema baladí, no es una cuestión menor, es tremendamente importante para las sociedades que tengan un crecimiento conceptual fuerte».
El presidente del máximo tribunal del país manifestó que «poner en discusión estos hechos significa discutir legislaciones que son importantes, la protección de las personas requiere de debate. Es una bonita discusión, yo creo que hay un tema importante». «No es tema baladí, no es una cuestión menor, es tremendamente importante para las sociedades que tengan un crecimiento conceptual fuerte».
Consultado por la posibilidad de que el negacionismo se sancione con penas de cárcel, Brito expresó que «es posible». Gobierno evalúa indicaciones En la firma del convenio también participó el ministro de la cartera, Hernán Larraín, quien manifestó que el Gobierno evalúa presentar indicaciones a la iniciativa. Además, señaló que el negacionismo o la incitación al odio «nos parece que son conductas reprochables socialmente, que pueden ser sancionadas legalmente, pero no nos parece que deba ser penalizada con penas privativas de libertad, porque se pone en riesgo la libertad de expresión». «El necesario reproche que esas conductas merecen, que pueden ser sancionadas legalmente, no necesariamente suponen que debe ser penalizadas con penas privativas de libertad» .
«En el debate legislativo hemos hecho presente esta situación, hasta ahora sin éxito. Esperamos en el debate parlamentario poder precisar, para que no se confunda que el necesario reproche que esas conductas merecen, que pueden ser sancionadas legalmente, no necesariamente suponen que debe ser penalizadas con penas privativas de libertad», indicó.
El ministro Larraín ejemplificó con la Ley Antidiscriminación, conocida como Ley Zamudio, «que sanciona duramente los actos de discriminación, pero no los penaliza con penas privativas de libertad». Es por esto que recalcó que debe buscarse un equilibrio.
Emol/Agencias
