Tras los casos de financiamiento irregular de la política que se conocieron durante 2015, se produjeron una serie de modificaciones legales para permitir mayor transparencia y regulación en el uso de los recursos por parte de los partidos políticos.
Sin embargo, a más de un año de su promulgación aún hay amplias zonas grises en las cuales la información a la que pueden acceder los ciudadanos no es del todo clara. Uno de estos aspectos es el nivel de endeudamiento que poseen los partidos con instituciones bancarias.
El financiamiento de los partidos políticos está regulado por la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, legislación que fue modificada en abril de 2016 con la promulgación de la Ley para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia.
Según se establece en los artículos 33 y 34, los ingresos de los partidos estarán constituidos por las cotizaciones de sus afiliados, donaciones, asignaciones testamentarias que se hagan en su favor y por los bienes de su patrimonio. Se establece demás que los partidos no podrán recibir aportes de cualquier naturaleza de personas jurídicas.
Por su parte, el Servicio Electoral otorga aportes trimestrales que deberán ser destinados al funcionamiento y labor política del partido.
Respecto a cómo se gastan estos aportes, los partidos deben registrar sus ingresos y egresos, manteniendo una contabilidad separada de los fondos públicos y de los aportes privados que reciban.
Además deben mantener a disposición permanente del público en sus sitios web el informe mensual de sus ingresos y gastos, actualizados trimestralmente, desglosado, al menos, en 16 categorías, entre las que se cuentan el total de cuotas y aportes de sus afiliados, gastos de personal, gastos de actividades de investigación, de educación cívica, de fomento a la participación femenina y a la participación de los jóvenes, gastos de las actividades de preparación de candidatos a cargos de elección popular, gastos de las actividades de formación de militantes, entre otros.
Destacan además la obligación de declarar los Gastos financieros por préstamos, distinguiendo entre préstamos de corto y largo plazo y Créditos, distinguiendo entre créditos de corto y largo plazo, inversiones y valores de operaciones de capital.
El Dínamo accedió a la información publicada por los partidos en cada uno de estos ítem a través de las planillas publicadas por el proyecto Partidos Públicos de Fundación Ciudadano Inteligente, portal que ofrece a los partidos políticos la posibilidad de entregar a la ciudadanía su información a través de visualizaciones ordenadas, comprensibles y comparables.
Estas planillas contienen la información centralizada de todos los partidos que tienen convenio con el Consejo para la Transparencia, para publicar su información en el Portal de Transparencia.
Es importante señalar que la Democracia Cristiana (PDC), la Unión Demócrata Independiente (UDI), el Partido Liberal y el Partido Igualdad son los únicos partidos registrados en el Consejo para la Transparencia que no han rendido sus gastos.
Respecto a los compromisos con bancos, sólo los partidos Comunista, Radical, Socialista y Renovación Nacional notifican los montos adeudados.
Estos cuatro partidos suman un total de $1.851.444.917 por estos ítem.
El Partido Radical es el que engloba el monto más alto en este ítem. Por créditos de corto plazo, inversiones y valores de operaciones de capital, entre octubre 2016 y marzo 2017, el PRSD pagó a los bancos $1.553.394.583.
Destaca que desde finales del año pasado hasta comienzos de 2017 se realizó el desembolso más importante en este concepto.
En Créditos de largo plazo, el PS, por ejemplo, informó que durante 2016 canceló cuotas mensuales de un poco más de 11 millones de pesos por este concepto.
La información refleja las rendiciones incluidas en la “Nómina de contrataciones sobre 20 UTM”, en donde los partidos publican los gastos superiores a ese monto ($935.740 aproximadamente), sin considerar si dichos fondos son públicos o propios del partido.
RECLAMO UDI
Hace algunas semanas el secretario general de la UDI, Pablo Terrazas, sostuvo una reunión con el director del Servel, Raúl García. Entre otras materias, el gremialista le planteó al directivo una queja respecto a lo que en la UDI señalan como retraso en el reembolso que la ley establece de acuerdo a la votación de cada candidato. Y en este caso, puntualmente en relación a las municipales de 2016.
“Ha habido un retraso por parte del Servel que ha perjudicado a muchas personas que quisieron participar como candidatos a concejales o alcaldes. La ley estableció un plazo para la aprobación de sus cuentas de campaña que venció el 20 de marzo pasado y todavía hay muchas cuentas pendientes y otras que se aprobaron tardíamente. ¿Quién responde de los perjuicios económicos que se han generado para muchos candidatos que esperan pagar sus deudas de campaña con los recursos que el Estado les ofreció?”, dice Terrazas.
Lo que reclama el aspirante a diputado UDI se vincula al artículo 15 de la ley sobre gasto electoral, en el que se establece que una vez aprobadas las rendiciones de cuentas de los candidatos, el Servel “autorizará la devolución de los gastos en que hubieren incurrido los candidatos por una suma que no podrá exceder del equivalente, en pesos, a cuatro centésimos de unidad de fomento, multiplicado por el número de sufragios obtenidos por ellos en la respectiva elección”.
Según explican en el Servel, hablar de retraso no es correcto, puesto que la nueva ley no pone un plazo perentorio. Esto porque, según la interpretación de la ley que hace la entidad, el plazo no corre en la medida en que haya observaciones en las rendiciones de cuentas. Admiten que existe cerca de un 50% de reembolsos pendientes, pero esto se explica porque el 90% de las rendiciones presentadas tras las municipales fueron observadas.
Pese a ello, la UDI -con apoyo legislativo de la Fundación Jaime Guzmán- dispuso de apoyo legal para a los candidatos de sus filas con el fin de exigir al Servel la pronta devolución de los fondos. (El Dínamo-La Tercera)
